Más de 50 hectáreas destinadas a la siembra del arroz se perdieron en el primer semestre de este año en el municipio de Consolación del Sur, en la provincia Pinar del Río, por falta de agua. Las irregularidades en el servicio fueron comprobadas y certificadas por las instituciones pertinentes. Sin embargo, a la fecha, solo el productor y la población cargan con el peso del perjuicio
Una verdadera pesadilla fue la campaña arrocera 2024-2025 para Héctor Delgado Acosta. “Me pusieron 20 zancadillas, no puedo decir otra cosa. Y yo me pregunto: ¿Es solo el daño a mi arroz y a mi economía, o es también al Estado y, sobre todo, a la población?”, lamenta este consolareño, uno de los de mayores productores del cereal con destino a la canasta familiar normada.
En cada campaña arrocera, desde 2014, Héctor obtenía, según cuenta, unos 1 500 quintales por caballería. Entre él y sus dos hermanos aportaron, para el consumo de la población, unos 12 000 quintales en una sola contienda.
Pero jamás imaginaría que las 55.68 hectáreas de su campo, cultivadas con semilla certificada de la planta de tratamiento y beneficio La Francia, no recibirían el agua necesaria para sus cultivos en 70 días. Y el resultado de tal sequía no se hizo esperar: apenas 15 plantas por metro cuadrado, una población insuficiente para los rendimientos esperados.
Así lo notificó, el 28 de mayo pasado, una comunicación de la Agencia Internacional de Inspección, Ajustes de Averías y otros servicios conexos InterMar S.A., cuyos funcionarios visitaron las tierras de Héctor y dictaminaron, en su momento, “que debido a la falta de agua en el área de cultivo no cuenta con la germinación favorable”, y recomendaron que la situación debía ser analizada por las entidades competentes, pues el campo estaba completamente seco.
Al cierre del documento, firmado por la inspectora Yamira Lorenzo, se enfatizaba que en otros campos aledaños al del productor, no se observaba tal situación, provocada, según consta en el dictamen, por una mala distribución y administración del agua en la zona.
No obstante, para la problemática de Héctor no hubo una respuesta inmediata. Casi dos meses más debieron transcurrir para que el agua llegara a sus tierras.
Alrededor del 24 de julio tuvieron unas 24 horas de servicio y luego se volvió a retirar. El día ocho de ese mes, Joel Hernández Acosta, delegado de la Agricultura en Pinar del Río, había indicado a María de las Nieves Sánchez Pozo, directora de la UEB Agrícola Caribe, proporcionar el servicio de agua a este usufructuario.
Pero ya era tarde. El arroz estaba amarillo, con una espiga vana, la semilla se había cristalizado. La simiente en la que había invertido cerca de dos millones de pesos, y que en las pruebas realizadas mostró poco más de un 90 por ciento de germinación, estaba casi perdida.
Por si lo anterior fuera poco, meses antes, Héctor se vio en la obligación de comprar todo el petróleo necesario para su plantación por divisas fuertes en el Cupet, pues no fue hasta pasada la siembra que recibió la primera y única asignación de combustible por los canales estatales. A este gasto se sumó, además, el de la maquinaria, la cual tuvo que pagar a terceros para la preparación del campo, por no tener acceso a las de la UEB.
Esta era, sin dudas, “una pelea cubana contra los demonios”.
LA INGOBERNABILIDAD DEL AGUA
Sin importar los cientos de usufructuarios a los que se les entregaron tierras de la UEB Caribe, tan solo 24 de ellos efectuaron la siembra de arroz en la presente campaña. De acuerdo con la directora de la granja, esto fue debido a que muchas áreas tuvieron problemas con los viales, los canales, enyerbamientos intensos de marabú, entre otras dificultades que en su momento requerían de equipos pesados para su erradicación.
En relación con otras campañas, la funcionaria comentó que esta ha sido mejor en cuanto a insumos, pues recibieron urea para que casi todos los productores (excepto los de las terrazas que sembraron en el mes de marzo) pudieran hacer una aplicación. Todos, aludió, tuvieron acceso a la semilla certificada.
Con respecto a la producción, explicó: “Plantamos 728 hectáreas, de las cuales se cosecharon 672, perdiéndose de ellas 56 por situaciones relativas a falta de combinadas, enyerbamiento y los problemas puntuales con el agua. La producción, aseguró, fue de 697 toneladas”.
En lo referente al suministro de agua, Sánchez Pozo refirió que el canal P-2, del cual se abastece la mayoría de los usufructuarios, tuvo un problema con una compuerta y fue sometido a fuertes labores de reparación, realizadas de conjunto entre Recursos Hidráulicos y algunos productores.
“Esa situación demoró alrededor de un mes. En ese tiempo, las áreas que estaban sembradas se perjudicaron, y hoy los rendimientos son pésimos, como el caso de los campos dos, seis y siete. Después, cuando se resolvió el problema, todos querían agua, fue una lucha por la supervivencia, pues cada cual quería salvar su cosecha”.
Al respecto, Israel González López, director técnico y de producción de la Empresa Agroindustrial de Granos (Eaig) Los Palacios, apuntó que la zona de Caribe es, del macizo arrocero, la que mejores posibilidades de agua posee, sobre todo, las áreas del canal P-2.
“Debido al tiempo que duró la ruptura, se dañaron muchas áreas de riego, pero hay que ser realistas, también tuvieron impacto indisciplinas por parte de los productores. La irrigación de agua en esta zona es sumamente difícil de controlar, especialmente, después de las cinco de la tarde”, agregó.
“Tenemos una especialista en riego y un técnico que apoyan toda la región, pero se les hace complejo, pues el canal tiene 15 kilómetros. Siempre cogían agua los primeros de arriba, y los últimos campos, como el de Héctor Delgado y otros más, casi nunca recibían el líquido”, apuntó la directora de la UEB.
De acuerdo con los funcionarios, algunos usufructuarios, violando lo establecido, aprovechaban, entonces, los horarios nocturnos para manipular las compuertas.
A LA VISTA DE TODOS
No solo Héctor y su familia contemplaron la debacle que cubría su campo mientras el agua se desbordaba hacia los potreros. “Parecía intencional, lo juro, pero yo no podía manipular las llaves, porque eso es un delito y es sancionable por la ley”. Para este productor, quien perdió toda su cosecha y su inversión, lo más importante hoy es que los responsables paguen por daños y perjuicios al Estado.
Entre las 56 hectáreas que perdió la UEB en la presente campaña, figuraron las 55 de Héctor Delgado Acosta, el mayor damnificado, a causa de los problemas ocasionados por el suministro de agua por el canal P-2.
“Durante el recorrido de inspección al campo, observamos que el cultivo no tuvo perjuicios desde el punto de vista fitosanitario en cuanto a plagas y enfermedades; sin embargo, se pudo constatar que existe una falta de población por metro cuadrado, como resultado de la falta de agua desde la riega de la semilla y durante todas las etapas…”.
Así lo reflejó Lázaro Herrera Caro, director de la Estación Territorial de Protección de Plantas Los Palacios (ETTP) en varios informes, tras continuas visitas realizadas al campo, de conjunto con otras entidades involucradas.
Por su parte, Jailysel Iglesias Pozo, jefe del Departamento de Sanidad Vegetal en la Delegación Provincial de la Agricultura, corroboró la situación en la que se encontraba el área, a la vez que agregó que como al cultivo no se le pudieron realizar los tratamientos contra las malezas en la época crítica de competencia por falta de agua, eso trajo consigo un enyerbamiento intenso, a pesar de la aplicación de herbicida, pues por la misma falta de agua no fue buena la efectividad.
“Los rendimientos que se esperan serán muy bajos, y teniendo en cuenta los criterios de visitas anteriores, el daño del cultivo está provocado por la falta de agua en todas las etapas de su ciclo”, resaltó en ese momento el directivo.
Pero las continuas inspecciones de Recursos Hidráulicos ante la creciente preocupación de Héctor desde el pasado mes de marzo, aseguraron que la rotura de la compuerta no fue la causa principal de que su campo se mantuviera seco, pues en cuatro ocasiones se recorrió el canal y se constató que las llaves que permitían la irrigación de sus tierras siempre estuvieron “estrictamente reguladas”.
El resultado de cada visita fue notificado oportunamente a las autoridades de la Agricultura Municipal y Provincial, así como a las de la Eaig.
Engracio Machín Iglesias, director de la Dirección de Inspección Estatal de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, precisó a Guerrillero que todo lo apreciado en las visitas (seis en total) quedó reflejado en los informes, los que de forma recurrente aluden a que la tendencia entre los meses de abril a julio fue que la compuerta del canal P-2 se mantuvo “extremadamente regulada”, a pesar de que con mucho tiempo de antelación, este productor había contratado y pagado dicha agua para la siembra.
Agregó, además, que otras estructuras productivas, sin contrato ni demanda de agua concebido para el 2025 por el canal P-2, hicieron uso del líquido para actividades asociadas al arroz, los cultivos varios y la ganadería, violando así el Decreto Ley 337, Reglamento de la Ley 124 de las Aguas Terrestres.
De igual modo, reflejó en uno de los dictámenes con fecha del nueve de mayo, que existían ilegalidades en los taludes del canal, excavaciones para riego y colocación de tuberías para riego de cultivos no contratados.
Por si fuera poco, “las compuertas de los canales primarios y secundarios son operadas por los propios productores sin mediación de la UEB Caribe, la cual tiene en su patrimonio hidráulico el canal P-2 y es responsable de la operación del mismo”, señaló.
Todo ello influye en los servicios que presta el canal, pero, sin dudas, hasta el campo de Héctor el agua no llegó por otras cuestiones, pues se informó que “tras el levante de dique el 25 de marzo, se había comenzado a regar el día 30, lo que se contradice con lo apreciado en la visita efectuada el cuatro de abril, cuando se constató el déficit de agua en los campos para la germinación de la semilla”.
A modo de conclusión, el dictamen reconoce que todas las irregularidades asociadas al descontrol, indisciplina y desvío del agua como recurso son a causa de la mala gestión de la UEB Caribe, siendo esta la máxima responsable de los daños a Héctor Delgado, teniendo en cuenta que la granja tiene en su haber la responsabilidad de la operación de los sistemas de riego.
NO SOLO AGUA
Pero la presente campaña no ha sido un dolor de cabeza solo para Héctor Delgado Acosta. En las mencionadas áreas del macizo arrocero, varios campesinos muestran en la actualidad un sinnúmero de insatisfacciones que cargan en sus espaldas con gran pesar.
Dianelys Duarte Rodríguez perdió a su esposo, Víctor Díaz Suárez, en medio de un escabroso proceso de rescisión de tierras, el cual hoy, alega, permanece en un vacío legal.
Ella, al igual que Carlos Alberto Cordero, refiere que perdieron sus tierras arroceras sin previa notificación, y sin siquiera firmar ningún documento de conformidad.
Estos usufructuarios figuran entre los más de 200 que pertenecían a la CCS 26 de julio, antes de que la cooperativa hiciera dejación de las tierras arroceras.
“Nunca nadie llamó para notificarnos que nos iban a rescindir las tierras, ni que teníamos que ir a firmar algún documento legal. Todos los campesinos que terminamos la zafra allá, estábamos a la espera de que el CAI (Eaig) nos vinculara.
“La propiedad de nuestra tierra se vence el 28 de diciembre de 2025, lo que quiere decir que se hizo el 25 de diciembre de 2020, pues el contrato es válido por cinco años”, comentó Dianelys Duarte Rodríguez, viuda de Víctor Díaz Suárez, al momento de la entrevista.
“En todo este tiempo, nunca nadie se dirigió ni a mi esposo ni a mi hijo para decirles que nos iban a quitar las tierras, ni que se iba a comenzar un proceso para ello.
“Él (Víctor) se dirigió varias veces a la Delegación de la Agricultura, hasta que un día llegó un cuerpo de inspectores y se llevaron nuestro expediente, todo quedó ahí. Luego nos dimos cuenta de que ya las tierras habían sido entregadas a otra persona”, rememoró.
Por su parte, Carlos Alberto Cordero refirió que desde el año 2010 tenía una caballería de tierra en el campo número siete y que todo fluyó bien, incluyendo sobrecumplimientos productivos, hasta que la CCS hizo dejación de la parte arrocera.
“Nos dejaron en espera de que se nos asignara o se nos vinculara a alguien que nos atendiera. Esperamos de forma paciente a que nos llamaran de la Eaig para hacer los contratos de siembra nuevamente, ahora con ellos de forma directa, pero eso nunca pasó.
“Cuando decidimos tomar acciones en el caso, el peloteo fue muy grande: nos hacían esperar, nos mandaban a otros lugares a ver a otras personas, y nos citaron a reuniones que nunca se dieron.
“Tras pocos meses, me dijeron que mi contrato estaba rescindido, que ya otra persona era la dueña de mis tierras, y que las estaba sembrando para una nueva campaña.
“Si tú como campesino no sabes de leyes, y una persona con poder te dice que tu contrato fue invalidado, te quedas entonces de brazos cruzados sin saber qué hacer o a quién dirigirte, pues estás desamparado”, explicó Carlos.
No obstante, en contraste con lo que aluden estos y otros usufructuarios, Mariuska Hernández Cruz, delegada de la Agricultura en Consolación del Sur, declaró que “durante el proceso de disolución de la ‘26 de Julio’ se hicieron dos reuniones, citando a todos los implicados, de los cuales solo se personaron unos pocos.
La delegada afirmó que en estas reuniones estuvo también presente el director agrícola de la Empresa. “Ellos tuvieron un margen de un año para esas gestiones, el que se presentó se pasó, el que no, cayó en prórroga”.
La funcionaria añadió que de los casi 300 productores arroceros de la CCS, a solo 24 se les reactivó el contrato. “Hubo dejadez, algunos de ellos hacía más de ocho años que tenían la tierra improductiva. El procedimiento es que los citas en tres ocasiones, notificas las citas, y si no vienen, entonces en presencia de testigos, se certifica la tierra como rescindida. Esos expedientes están en la Agricultura”.
María de las Nieves Sánchez Pozo, directora de la UEB Caribe, relató, además, que a muchos de esos campesinos se les explicó que debían solicitar de nuevo la vinculación.
“Según el Decreto 358, cuando el productor pasa seis meses y un día sin entrar al campo, pierde la propiedad de la tierra y se pone en el fondo ocioso de la Agricultura. Si los que fueron dueños, en la etapa de la ‘26 de Julio’, no la vuelven a solicitar para vincularse a la UEB, en ese tiempo pierden la propiedad. Nosotros hacemos comisiones agrarias y ahí nos dicen los casos liberados, y vamos entregando las tierras a nuevos productores”, agregó Sánchez Pozo.
Sin embargo, hasta hoy los damnificados por cierres de contratos mantienen su insatisfacción. Algunos estarían dispuestos a sembrarlas, pero ya no son suyas, no les pertenecen, como no le perteneció jamás a Héctor el agua que había pagado.
El daño no fue solo a él. En Pinar del Río se potencia la siembra del grano en aras de recuperar, poco a poco, los volúmenes productivos del macizo arrocero, históricamente una de las de mayor aporte en el país.
En declaraciones recientes de Salvador Valdés Mesa, durante un recorrido por áreas de la Eaig Los Palacios, aseguró que más del 80 por ciento del arroz que se consume en la Isla es de procedencia internacional, y que el país requiere de unas 700 000 toneladas anuales de arroz para el consumo nacional, utilizadas, principalmente, para la canasta familiar normada.
Por otro lado, a pesar de que Vietnam se mantiene como principal socio comercial y proveedor del grano en Cuba, en este sentido, y en correspondencia con la demanda, todavía es insuficiente la entrega, pues nuestro país gasta cerca de 2 000 millones de dólares anuales en la importación de los alimentos que se incluyen en la canasta básica.
¿Cuántos núcleos familiares se habrían beneficiado con el arroz de Héctor? ¿Por qué no entregarle a un productor, y en tiempo, el agua contratada? ¿Será este el único caso? ¿Quién repone lo invertido por este productor? ¿Quién asume sus pérdidas y se responsabiliza por el perjuicio al Estado y a la población de forma general?
Héctor perdió su cosecha de este año, por lo que no habrá comercialización, pero tampoco aporte a la canasta, mucho menos, forma alguna que permita recuperar el dinero de su inversión para sembrar nuevamente en la venidera campaña de primavera.
Por otro lado, a este productor, debido a los “azares” y tropiezos pasados, también le pesa y consume la incertidumbre de si podrá pasarle de nuevo tras un nuevo intento de siembra.
¿Qué pasaría si 56 hectáreas de arroz se perdieran nuevamente en una provincia donde hoy el arroz consumo alcanza valores que superan los 200 pesos en moneda nacional por libra? ¿Realmente están, tanto la provincia como el país, en condiciones de que este tipo de situaciones ocurra?
No se trata tan solo de indolencia, pues más bien el caso apunta al descontrol y, sobre todo, a la impunidad de personas y entidades jurídicas cuando las alertas están hechas y no se hace nada por revertir un mal causado que augurará, en un futuro mediato, mellas a la economía nacional en tiempos de crisis.
