La sesión del Consejo Provincial de Gobierno de Pinar del Río, correspondiente al mes de septiembre, analizó el cumplimiento de los compromisos que a inicios del presente año establecieron las entidades y los sectores del territorio para lograr que el 2023 fuera diferente.
El informe, presentado por Calex González Chill, coordinador de programas y objetivos de la economía, refiere que al cierre del mes de julio las ventas netas superaron en 28,7 lo previsto, aunque 27 empresas no alcanzaron lo planificado en dicho indicador.
La circulación mercantil total y las utilidades también tuvieron resultados superiores a los estimados en 23,8 y 8,7 por ciento, respectivamente; no obstante, 17 empresas cerraron con pérdidas, 20 menos que igual periodo de 2022.
Se incumple la ejecución de inversiones y los ingresos cedidos; aumenta el déficit presupuestario en 99 millones 220 mil pesos.
En cuanto a los compromisos, divididos por líneas estratégicas, en la primera: Soberanía alimentaria y seguridad nutricional, de los 66 que se establecieron en ese ámbito, 45 se cumplieron, nueve están en proceso y no se logran 12; siendo San Luis, Mantua y San Juan y Martínez los municipios con atraso en cultivos varios, mientras que todos están sin avances en la ganadería.
Con respecto al tabaco, se incumple la construcción de casas de cura natural, solo concluyeron 3 650 de las más de 7 000 previstas; dado en lo fundamental porque las entidades forestales no satisfacen la demanda de las piezas para estas.
Industrias locales y minería tienen cuatro de sus cinco compromisos en proceso, con una incidencia negativa sobre la producción de materiales para la construcción, lo que a su vez repercute sobre el sensible y necesario programa de la vivienda. Del plan estatal se edificaron 468, para el 95 por ciento de las previstas por esta vía; de la modalidad de subsidio apenas se logra el 22 por ciento de lo proyectado y por esfuerzos propios el 55.
Turismo, desarrollo energético, recursos hidráulicos, exportaciones y encadenamientos productivos son otras de las líneas estratégicas en las que la provincia estableció compromisos concretos con la máxima dirección del país en aras de que el 2023 fuera un año en el que se revirtiera la tendencia decreciente de la economía, asimismo formaron parte de estos propósitos sectores de gran impacto social como Educación y Salud, además de programas como la atención a las personas y comunidades vulnerables.
Niurka Rodríguez Hernández, vicegobernadora, quien presidió la sesión, enfatizó que cada una de esas propuestas emanaron de los responsables de su cumplimiento, y que si bien quedarán pendientes algunos de estos propósitos para el 2024, en el último trimestre del presente año todavía pueden materializarse algunos de ellos. Acotó que es necesario modificar las maneras de hacer, perfeccionando el vínculo con la base.
Alertó sobre la inejecución de partidas presupuestarias para fines sociales, algo inadmisible ante tantas carencias y problemas pendientes de solución.
Los compromisos no son solo palabra empeñada, son proyecciones de desarrollo a corto plazo que necesita la población para contar con más ofertas de bienes y servicios.
Sobre los nuevos actores económicos trascendió que hasta el 15 de agosto se acumulan 560 solicitudes; están aprobadas 359, micro (88), pequeñas (199) y medianas (71) empresas (mipymes), de ellas 341 privadas, 17 estatales, y se creó una cooperativa no estatal.
En conjunto emplean a más de 7 000 trabajadores y predomina la actividad de servicios gastronómicos que representa el 88 por ciento de estos emprendimientos. Incrementar el perfil productivo es una prioridad.
De las 120 que ya rebasaron el periodo de beneficio fiscal, 16 no están funcionando, dos reportan pérdidas, 93 pagan sus contribuciones y nueve incumplen con ello por indisciplina, de estas últimas todas fueron requeridas y se determinan sus deudas a saldar.
También hay deficiencias con la entrega de información a la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), pues solo el 37,1 lo hacen; 10 mipymes se encuentran en proceso de disolución.
Avanzar en la bancarización, multiplicar alianzas y encadenamientos productivos y aplicar lo legislado en cuanto a fichas de costo y márgenes comerciales son procesos que se deben fiscalizar e impulsar desde los municipios en que están radicadas estas empresas.
