El monto a pagar de las multas fuera de término, y por tanto declaradas en apremio, de la provincia asciende a 23 millones 466 mil pesos; superada únicamente por La Habana. Solo los municipios de Guane, Viñales, La Palma y Mantua tienen una situación favorable.
Mientras que Pinar del Río con 13 millones y Consolación del Sur con cuatro millones 504 mil pesos son los que acumulan mayores deudas, seguidos por Sandino y Minas de Matahambre.
Poner coto a esta impunidad requiere una transformación en el actuar, destacó Heidi Bas Sosa, directora nacional de multas del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), quien explicó que empieza por el proceder de los impositores. Entre los errores más comunes se encuentran las multas por detección de focos de mosquitos en viviendas, las cuales se adjudican a quien se encuentre, incluso sin ser conviviente, cuando la contravención es para el propietario.
La reincidencia es uno de los problemas a solucionar, al respecto ejemplificó con el expendio de productos agropecuarios y adulteración de precios; no es poner una multa encima de otra. Ante el no acatamiento de las disposiciones hay procederes como decomisos, ventas forzosas y denuncia ante el Tribunal por desobediencia, y eso compete a los organismos impositores.
La sanción que se impone es privación de libertad por lo menos de seis meses, sin medida accesoria, es decir, que hay que cumplir en prisión. Explicó que en casos de multireincidentes, de acuerdo con la magnitud del impago, han llegado a ser penas de hasta siete años.
En lo que va de 2023, más de 300 personas han sido puestas a disposición de los tribunales en el país, en provincias que tienen un mejor actuar, acotó. Asimismo, aseveró que no existen planes de multas y aunque se consideran ingresos no deseados, porque lo que se quiere es que haya más disciplina social, este impago acrecienta el déficit presupuestario de la provincia, son ingresos que se destinan al gasto del territorio.
Instó a los deudores a cumplir sus obligaciones, para no llegar ante los tribunales y la imposición de sanciones privativas de libertad, porque trabajarán para solucionar este problema.
Anamay Hernández Llera, directora provincial de Finanzas y Precios, señaló que los territorios en los que funciona el sistema de trabajo se logran resultados, y que la situación de tener hoy más de 20 000 multas en apremio es por no acatar lo que estipulan las leyes, pues todo el proceso está claramente definido.
