Cada ocho de junio se celebra en Cuba el Día del trabajador jurídico, en saludo a la fecha en que Ignacio Agramonte desarrolló su Tesis de Grado en opción al título de licenciado en Derecho Civil y Canónico.
La defensa tuvo lugar en el año 1865, ante un tribunal de la Universidad de La Habana compuesto por prestigiosos doctores. Estos calificaron de sobresaliente la presentación de aquel joven camagüeyano, quien pocos años después se convertiría en una de las figuras fundamentales de las luchas por la independencia en la Isla.
La justa evocación al héroe distingue a una jornada pensada para agasajar no solo a los juristas, sino también a todo el personal que los auxilia y respalda en su gestión.
Ellos tienen un rol imprescindible en el contexto cubano actual, marcado por la actualización del modelo económico y el afianzamiento de la Tarea ordenamiento. El sustento legal es garantía de que estos procesos se materialicen sin rigidez y con transparencia.
A pesar de que la pandemia limitó varios de los servicios jurídicos que se brindan a la población, experiencias positivas se han derivado de este difícil contexto, como el notable avance en la digitalización de datos de tomos y folios de los registros civiles.
A este empeño tributan varios equipos de trabajo conformados por registradores, notarios, jefes de departamento y técnicos jurídicos, entre otros especialistas.
“En el 2019 habíamos cumplido apenas un 28 por ciento del plan de inserción de datos de tomos y folios, mientras que hoy tenemos vencido un 42”, afirma Aldo Rafael Alonso Muñoz, director provincial de Justicia, y explica que la digitalización de la información de los registros facilitará y agilizará los trámites de los ciudadanos.
“Una persona podrá solicitar su certificación de nacimiento u otro documento desde cualquier registro del país, aun cuando no se encuentre en su provincia natal, pues los datos que precisa estarán insertados en un sistema de alcance nacional”, señala.
Se trabaja además con miras a la instrumentación de la Ficha Única del Ciudadano, una plataforma informática que permitirá la interoperabilidad de los registros públicos. La resolución 484/20 del Ministerio de Justicia contempla su funcionamiento y características.
“Ella posibilitará que muchas instituciones, en su momento, no tengan que solicitar a sus trabajadores determinado documento. Con un hipervínculo a esa ficha del ciudadano podrán puntualizar los elementos que necesitan”, refiere el directivo.
Pronto entrará en vigor además otra aplicación informática para los registros de la propiedad. Se prevé que en lo adelante no tenga que usarse papel para este tipo de trámites. Las aplicaciones Transfermóvil y EnZona devendrán vías para el pago de dichos servicios.
Otra línea de trabajo atendida por estos días es la creación de comités de género en las diferentes instalaciones de Justicia, en correspondencia con el interés de la máxima dirección del país y el Programa nacional para el adelanto de las mujeres, promovido por la Federación de Mujeres Cubanas.
El amplio cronograma legislativo demanda, por su parte, del concurso de los juristas pinareños, quienes participan en la consulta de proyectos como los relativos a la Ley de Procedimiento Penal o el Código de las Familias. De los debates entre los profesionales a lo largo del país, saldrán las respectivas modificaciones o adiciones a los textos.
La capacitación de los trabajadores es prioridad constante del Ministerio de Justicia que, dada la compleja situación epidemiológica de la nación, incentiva el desarrollo de videoconferencias y foros online, entre otros espacios de diálogo y aprendizaje colectivo. De igual modo potencia la interacción con la población a través de las redes sociales.
En palabras de Alonso Muñoz, el entusiasmo de los jóvenes del sector ha irradiado todas las tareas emprendidas: “Ellos son la cantera y el futuro. Su sentido de compromiso y la seriedad con que asumen su labor nos confirman que el prestigio y la calidad de los servicios jurídicos están garantizados en estos tiempos y en los que vendrán”.
