Con alcance en 40 municipios de todas las provincias cubanas, investigadores e instituciones promueven la creación y fortalecimiento de servicios integrales e integrados contra la violencia basada en género
Según la Declaración de las Naciones Unidas de 1993, la violencia basada en género es una violación de derechos humanos, un problema de salud pública y un problema de justicia social, influida en gran medida por la condición social, económica y jurídica subordinada de la mujer en muchos entornos.
“Desde 1959 se han aprobado en Cuba medidas y leyes que han favorecido la inserción de la mujer en los espacios públicos y han propiciado la autonomía económica de estas.
“Sin embargo, el sustrato patriarcal y machista de la sociedad constituye todavía la base cultural de los cubanos, y eso hace que las manifestaciones de violencia se sigan reproduciendo.
“Hay una mayor visualidad a nivel nacional de episodios de violencia basada en género, no la violencia contra las mujeres como crímenes pasionales o desacuerdos en la pareja, como tradicionalmente se conocen, sino como una deformación estructural”.
Así resume Yanetsy Castañeda Valdés, licenciada en Sociología y especialista en Trabajo Social, un fenómeno que se perpetúa en la sociedad cubana actual, y que muchas veces desencadena en fatales consecuencias.
Como coordinadora del Observatorio Demográfico de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, asumió el liderazgo de un proyecto que pretende, en un periodo de cinco años, crear y fortalecer servicios integrales e integrados para atender y prevenir la violencia por motivos de género.
“También tiene como propósito contribuir a la deconstrucción de estereotipos asociados a la violencia basada en género, pues hay un velo para identificar estas manifestaciones que tienen como base un sustrato cultural.
“Hay estereotipos que dictan la manera en que se resuelven los problemas entre pareja, muchas veces se cree que ese conflicto violento es ocasional, privado, que debe resolverse sin que intervenga nadie, mucho menos instituciones, y es más acentuado cuando hay hijos de por medio.
“Hay una culpa que la víctima asume como suya, pues el agresor la responsabiliza por las agresiones. También en las instituciones existen prejuicios que los teóricos llaman jerarquía del daño a la hora de identificar a una víctima, eso significa que si usted no llega con una marca visible o con una agresión sexual, no se califica como víctima o se revictimiza.
Ese proceso de revictimización hace que esa institución, que debe brindar la ayuda, cuestione las condiciones en las que se da la agresión, y deposita la responsabilidad en las víctimas”, explica.
Es por ello que Apoyo a la respuesta nacional contra la violencia basada en género, como se nombra el proyecto, incluye acciones para la formación y generación de capacidades y competencias especializadas en los profesionales involucrados en brindar los servicios.
Coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas, el proyecto cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas Unfpa (por sus siglas en inglés) y de la embajada de Canadá en la Isla. Además, participan unas 10 instituciones como los ministerios de Salud Pública, Educación, Trabajo Social, del Interior, de Justicia, Fiscalía y el Centro de Estudios Demográficos, entre otros.
Como en el resto de las provincias cubanas, Pinar del Río lleva a cabo el proyecto que concluyó ya la fase de diagnóstico, la que ratifica que la violencia basada en género no es un hecho aislado, sino un fenómeno sostenido por patrones culturales profundamente arraigados.
CONFIRMAR LA MAGNITUD DEL PROBLEMA
Los datos demográficos recopilados por el equipo de ocho profesoras de la UPR y nueve estudiantes lo demuestran con claridad. “Hemos relizado un diagnóstico sólido, con resultados reveladores”.
Por ejemplo, apunta que el 86 por ciento de las personas encuestadas considera la violencia una característica natural de los hombres; el 46 por ciento de las mujeres víctimas identificadas posee independencia económica, lo que desmonta la idea de que la violencia ocurre solo en contextos de dependencia financiera; la vulnerabilidad habitacional —debido al déficit de viviendas y la convivencia forzada— facilita la continuidad del maltrato y limita la capacidad de las víctimas para romper el ciclo de violencia.
Estos resultados revelan un escenario donde la violencia se normaliza, se oculta y, en muchos casos, se minimiza.
“Hemos visto a muchas víctimas que no se consideran como tal, incluso, están identificadas por la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, por el área de Salud o el trabajador social. Es muy fuerte para uno reconocer el nivel de vulnerabilidad a que estamos expuestos. Estamos criados para privatizar todo lo que nos hace vulnerables.
“Reconocerse víctima requiere de un nivel de conciencia y de madurez enorme. Muchas mujeres no lo hacen porque han sido aisladas de su red de apoyo, culpabilizadas o mal atendidas. Creo que todas, alguna vez, hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, pues no solo sucede en el hogar, también en el plano laboral o en la comunidad”.
Advierte Castañeda Valdés que el proyecto está concebido para que se brinde un servicio que articule a instituciones clave, como las mencionadas anteriormente, para garantizar una atención coherente, sensible y sostenida.
Sin embargo, el diagnóstico reveló fallas que hoy limitan la efectividad de la respuesta, como es el caso de que persisten prejuicios institucionales que minimizan los casos sin lesiones visibles, no existe sistematicidad en las derivaciones ni en el seguimiento, no todos los profesionales conocen o aplican los protocolos de atención, y la búsqueda de ayuda suele ser traumática debido a la fragmentación del sistema.
“La atención a las víctimas requiere sensibilidad, pero también capacidades, competencias y recursos. Sin eso, la respuesta no puede ser integral”.
Comenta la especialista acerca de la experiencia del equipo durante la etapa de diagnóstico:
“Ha sido revelador y muy conmovedor. Hemos tenido casos de mujeres víctimas de violencia en el mismo momento en que las entrevistamos. Mujeres que en pleno mes de septiembre van a la entrevista con un abrigo cuello de tortuga para cubrirse las marcas de las agresiones.
“Hemos llorado con una mujer que ha evidenciado un mal manejo de su caso, que no le han tomado la denuncia porque no recuerda lo que pasó por quedar inconsciente de los golpes.
“Ha sido muy difícil separar lo emocional de lo profesional en este estudio, porque somos mujeres, tenemos hijas, madres, hermanas. Queda mucho por desmitificar en cuanto a la violencia, por perfeccionar y humanizar la atención a las víctimas”.
PIEZAS QUE FALTAN
El mayor desafío del proyecto hoy no es técnico ni conceptual, más bien institucional y logístico.
Explica Castañeda Valdés que, a pesar de que ya se había asignado un local para el futuro servicio de atención, este fue retirado, y la provincia no cuenta actualmente con un espacio físico para instalarlo, a pesar de los esfuerzos de la FMC. El avituallamiento de oficina ya adquirido permanece sin uso por esta razón.
“No tenemos, por ejemplo, un lugar para alojar a una víctima. Sin recursos, la respuesta no puede ser integral ni sostenida.
El proyecto contempla capacitación, equipamiento y creación de condiciones para un sistema estable de atención. Pero sin respaldo institucional -local, provincial y sectorial- ese sistema no podrá consolidarse.
Y en ello va el compromiso de todas y cada una de las instituciones que patentaron su rúbrica en la conformación del proyecto, y sus responsabilidades no solo van de atención a los casos identificados, sino de apoyo logístico para que este avance y se concrete.
La violencia basada en género es prevenible. El proyecto ofrece una ruta clara para enfrentarla, lograr una articulación efectiva entre todos los implicados posibilitaría el impacto positivo necesario.
“Creo que queda mucho por hacer, pero contamos con un diagnóstico sólido, que es crucial para poder diseñar un servicio e implementarlo. Ojalá en 2029 tengamos un sistema de atención integral e integrada a las víctimas de violencia basada en género”.
El fenómeno, lamentablemente, persiste y atenta contra la dignidad, libertad y autonomía de mujeres y niñas en disímiles escenarios. Las víctimas no pueden darse el lujo de esperar.
