Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos anunciaron esta semana una asignación de hasta tres millones de dólares para otro «programa de desarrollo» destinado a denunciar la «explotación laboral» y «sexual» en Cuba.
Esta maniobra, nueva aberración de la guerra contra la Isla, forma parte de la estrategia que sigue la administración de Trump para distraer la atención, con objetivo electoral, de su mala gestión ante la pandemia, de la COVID-19, que ya cuenta casi cinco millones de casos y una cifra cercana a las 160 000 muertes en ese país.
Un breve recordatorio: el Artículo 40 de la Constitución de la República de Cuba reconoce a la dignidad humana como el valor supremo; el 42 establece la igualdad de todas las personas ante la ley; en tanto, el Artículo 43 refrenda que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades
La Ley de leyes cubana asegura el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello.
En plena pandemia de la COVID-19, mientras la Casa Blanca arreció el cerco económico contra Cuba, nuestro Gobierno implementó más de 20 medidas en materia laboral, salarial y de seguridad social para proteger a los ciudadanos de nuestro país.
Se garantizó el salario y la protección a todos, nadie fue excluido ni discriminado, la atención de Salud se convirtió en la primera trinchera del frente contra el nuevo coronavirus, lo que permite a Cuba alcanzar resultados que no puede, ni en sueños, mostrar quien nos calumnia y agrede.
Mientras millones de estadounidenses desempleados avanzan hacia la hambruna y la pérdida de sus hogares, por no poder pagar el alquiler, en un país donde la mayoría no tiene acceso a seguro médico y debe pagar altos costos por medicamentos que el pueblo cubano recibe de manera gratuita, el presidente Trump juega al golf.
¿Quién garantiza allí los derechos de las mujeres, víctimas sexuales de hombres como Jeffrey Epstein, conocido inversor, amigo de Donald Trump y de otras personalidades del Gobierno de ese país?
Elizabeth Meléndez Fisher, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Selah Freedon/Selah Way, en un artículo en The New York Times, el 19 de julio, reconoció que el abuso y la explotación sexual de mujeres y niñas vulnerables han ocurrido siempre en Estados Unidos.
Romy Hawatt, miembro fundador de la Red Global de Sostenibilidad, señaló, en un artículo para ips, que un informe de 2018 del Índice Global de Esclavitud estimaba que unas 503 000 personas están atrapadas en la esclavitud moderna en la nación el Norte.
El Gobierno de Estados Unidos nos calumnia, como pretexto para endurecer el bloqueo a Cuba y buscar desesperadamente el apoyo de la mafia de Miami, con fines electoreros.
Más dinero del contribuyente estadounidense irá a parar a las arcas de los que medran con el negocio de la contrarrevolución.
