Según detalló la fiscal general de Nueva York, Letitia James, las autoridades quieren que los acusados no puedan adquirir bienes inmuebles comerciales en el estado durante cinco años, e impedirles recibir préstamos de cualquier institución financiera registrada en la entidad durante el mismo periodo.
La demanda de 214 páginas es la culminación de una investigación de tres años en la que se pone en evidencia que Donald Trump y sus hijos Ivanka, Eric y Donald Trump Jr., además de los ejecutivos de la Organización Trump Allen Weisselberg y Jeffrey McConney habrían utilizado la imagen de riqueza y opulencia del expresidente para hacerlo ver como un gran empresario que ganaba millones de dólares cuando era presentador en televisión, así como durante su presidencia.
James anunció los detalles de la demanda en una conferencia de prensa, en la que dijo que el caso era de naturaleza civil y no penal y que su oficina rechazó ofertas de acuerdo hechas por los abogados de Trump.
La fiscal afirmó que la “investigación reveló que Donald Trump participó en años de conducta ilegal para inflar su patrimonio neto, para engañar a los bancos y a la gente del gran estado de Nueva York”.
“Afirmar que se tiene un dinero que no se tiene no es el arte del trato. Es el arte del robo”, sostuvo.
La fiscal busca una compensación de 250 millones de dólares, ya que, según ella, este sería el valor aproximado de los beneficios que habrían obtenido los demandados tras utilizar estas prácticas fraudulentas.
El objetivo del presunto esquema sería el de impulsar la imagen de multimillonario de Trump y el valor de sus propiedades, ya que al hacerlo obtenía varias ventajas: podía acceder a condiciones de préstamo favorables con intereses más baratos, presionar a las aseguradoras para que le proporcionaran una cobertura más completa a primas más bajas y al mismo tiempo fortalecía su imagen de hombre fuerte de los negocios.
Entre tanto, la investigación también indicó que el expresidente y su empresa restaban valor a los activos en otras ocasiones para obtener beneficios fiscales.
El ente acusador asegura haber encontrado evidencia de falsificación de registros comerciales, emisión de declaraciones financieras falsas, fraude de seguros, actos conspirativos y fraude bancario. La oficina de James dijo que los hallazgos serán remitidos a los fiscales federales y al Servicio de Impuestos Internos.
El expresidente habría mentido al decir que su apartamento de la Torre Trump tenía 2.787 metros cuadrados y no los reales 1.096. Entretanto, su valoración de Mar-a-Lago en Florida fue de 739 millones de dólares y no de los cerca de 75 millones de dólares que realmente cuesta.
¿Qué busca la Fiscalía?
Letitia James, a través de su oficina, busca que se nombre un auditor independiente por lo menos por cinco años para que supervise que la Organización Trump cumpla con los informes financieros, las valoraciones y las revelaciones a los prestamistas, las aseguradoras y las autoridades fiscales.
Otro asunto que pretende James, que es permitido por la ley federal, es prohibir al exmandatario y a la Organización Trump realizar durante cinco años adquisiciones de inmuebles comerciales y obtener préstamos de los bancos de Nueva York, así como prohibir permanentemente a los Trump ser funcionarios o directores de cualquier empresa o entidad comercial similar registrada y/o autorizada en el Estado de Nueva York.
A los funcionarios de la Organización Trump, de ser hallados culpables, se les prohibiría ejercer la función de control financiero de cualquier corporación de Nueva York o entidad comercial similar registrada y/o autorizada en el Estado de Nueva York.
Además, la Organización irá a juicio en octubre por un proceso penal. Se le acusa de dar prebendas libres de impuestos a altos ejecutivos, entre ellos el jefe de finanzas, Weisselberg, quien recibió 1,7 millones de dólares en pagos extras.
El ejecutivo se declaró culpable el 18 de agosto y deberá testificar en el juicio. Si declaran culpable a la Organización Trump, esta podría pagar una multa del doble de la cantidad de los impuestos que no ha pagado.
Mientras Letitia James presenta esta demanda, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lleva a cabo una investigación penal paralela sobre las mismas prácticas empresariales y dijo en un comunicado que «nuestra investigación penal en relación con el expresidente Donald J. Trump, la Organización Trump y sus dirigentes está activa y en curso».
El expresidente testificó en agosto sobre este caso tras fuertes presiones, aunque en su declaración se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a los acusados guardar silencio.
Desde su plataforma de redes sociales, Truth Social, Donald Trump calificó la demanda como “otra cacería de brujas por parte de una fiscal general racista”, en referencia a James, declarada demócrata y afroamericana.
El exmandatario dijo que James es “un fraude que hizo campaña con una plataforma de ‘atrapar a Trump’, ¡a pesar de que la ciudad es uno de los desastres de crímenes y asesinatos del mundo bajo su vigilancia!”, indicó en su mensaje.
La abogada de Trump, Alina Habba, también arremetió contra la fiscal y la acusó de abusar de su autoridad “al entrometerse en transacciones en las que no se ha producido absolutamente ninguna infracción” y agregó que la demanda “no se centra ni en los hechos ni en la ley, más bien, se centra únicamente en el avance de la agenda política de la fiscal general”.
La demanda sobre Trump se une a diversos procesos judiciales abiertos en contra del mandatario, quien podría aspirar a la reelección en 2024 y aprieta a un pilar del Partido Republicano a escasas semanas de las elecciones de medio término de noviembre, en las que esta fuerza se juega el dominio del Congreso.
(Con información de France24 y RT en Español)
