“El derecho como ciencia social requiere de una comprensión precisa e inteligente de nuestra realidad. De lo contrario, se corre el riesgo de romper con la estabilidad que genera el ordenamiento jurídico”, dijo el ministro de Justicia de Cuba, Oscar Manuel Silvera Martínez, al dejar inaugurado el IV Congreso Internacional Juriscuba 2025.
El evento, que se lleva a cabo del 5 al 7 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana, reúne a más de 350 delegados nacionales de todas las provincias de Cuba y 41 extranjeros procedentes de países como Namibia, España, Alemania, China, Rusia, Italia, México, Venezuela y República Dominicana. Bajo el tema “La seguridad jurídica, un reto en el mundo contemporáneo”, el congreso se centra en la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo social y económico.
Durante sus palabras iniciales, Silvera Martínez subrayó que Cuba está inmersa en un amplio proceso de actualización de su ordenamiento jurídico, impulsado por las transformaciones aprobadas en la Constitución de 2019 y las necesidades de su realidad socioeconómica y jurídica. “Lo que solo es posible en el mandato constitucional de Estado Socialista de Derecho y Justicia Social que soberana y democráticamente decidió la inmensa mayoría de nuestro pueblo en el referendo del 24 de febrero de 2019”, agregó.
El congreso abordará una variedad de temas, incluyendo el derecho registral, el asesoramiento jurídico, la creación normativa, la cultura jurídica, el derecho notarial, la defensoría y la gestión de despacho de abogados. También se pondrá especial énfasis en la superación profesional, la igualdad de género, el derecho de asociación y la asistencia legal.
Silvera Martínez también destacó los retos que enfrenta el país, como la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. “A esa ilícita, irracional y abusiva postura del gobierno de Estados Unidos, responderemos siempre con unidad, valentía, inteligencia y respeto a nuestra soberanía”, afirmó.
Desde abril de 2019 hasta diciembre de 2024, se han aprobado un número significativo de leyes y decretos que impactan en todos los ámbitos de la vida en Cuba, incluyendo la reforma procesal y judicial del país: alrededor de 50 leyes y 116 decretos leyes a raíz de la asunción de la Constitución de la República en 2019.
“La actividad legislativa no tiene paralelos en otros momentos y solo es posible por la participación de un significativo grupo de directivos, juristas y especialistas de todas las instituciones del Estado y el Gobierno», sostuvo.
En los profesores de las universidades del país, especialmente de la Universidad de La Habana, tenemos un relevante apoyo en el proceso de elaboración de las leyes y en la capacitación de nuestros profesionales, dijo.
De acuerdo con el ministro, a esa dinámica legislativa se une de forma impostergable la necesidad de lograr el cumplimiento de las normas jurídicas aprobadas. Es ese un objetivo que debemos cumplir todos, instituciones, actores económicos y las personas.
“En este propósito, el Ministerio de Justicia tiene una alta responsabilidad y lo tenemos que lograr con el cumplimiento estricto de nuestras funciones y en especial con el sincero desempeño del asesoramiento jurídico en todas las entidades estatales y no estatales del país para así garantizar la seguridad jurídica”, sostuvo.
“No renunciamos al desarrollo integral de nuestra sociedad bajo la del fortalecimiento del ordenamiento jurídico. El Ministerio de Justicia tiene un papel importante en este cometido porque es el asesor del Estado y el Gobierno en la creación de las disposiciones normativas”, añadió.
En este contexto, el Ministerio de Justicia asume una alta responsabilidad, comprometido con el cumplimiento estricto de sus funciones, especialmente en el asesoramiento jurídico a todas las entidades estatales y no estatales del país, para así garantizar la seguridad jurídica. Investigar y desarrollar el sistema del Ministerio constituye un deber profesional y un principio fundamental de su funcionamiento, explicó Silvera Martínez.
Comentó que la ciencia juega un papel crucial en los procesos institucionales relacionados con la informatización, la responsabilidad y las mejores prácticas en el desempeño profesional de los juristas.
“Los servicios jurídicos que se prestan avanzan de manera sostenida, en alianza con empresas de tecnología de la información, fortaleciendo la transformación digital de los procesos. Gracias a las aplicaciones informáticas en fases avanzadas de desarrollo, se han implementado cambios significativos en la gestión de recursos humanos y en los sistemas de control estadístico, además de introducir herramientas de inteligencia artificial que optimizan la agilidad y calidad de los servicios”, dijo.
Informó que el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, junto a sus presidentes, ha colaborado generosamente al donar 25 escáneres de alta gama a partir de marzo de 2024, lo que ha permitido la digitalización de cerca de 10.000 libros del Registro Civil. Este esfuerzo, junto con la inserción de folios en una base de datos, nos acerca a la meta de digitalizar 20 millones de folios para 2025, destacó.
El congreso incluye un programa científico que prevé 22 conferencias, 33 ponencias y 48 intervenciones distribuidas en 13 paneles, centrándose en asuntos notariales y registrales, el asesoramiento jurídico y legislativo, y la protección de derechos y garantías.
“El mejor resultado de nuestro congreso será el intercambio de ideas y saber entre los participantes y el conocimiento sobre nuestra realidad y la decisión del pueblo de construir y defender su propio futuro”, concluyó Silvera Martínez, enfatizando el compromiso de los juristas cubanos en la defensa de un ordenamiento jurídico sólido y actualizado.
Estuvieron presentes en el acto inaugural Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Óscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia de la República de Cuba; Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular; Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República de Cuba; Mayra Arevich, Ministra de Comunicaciones; José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos; Yvonne Dauzat, ministra de Justicia de Namibia; Alfredo José Luis Angulo, defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; Maxim Beeskhmelnitsyn, viceministro de Justicia de la Federación de Rusia; Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España; Lili María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; y Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
También, los magistrados de la Suprema Corte Constitucional de España, Juan Carlos Campo Moreno y Laura Diez Bueso, así como Alfonso Cavallé Cruz, presidente del Notariado de Canarias.
