Los números han caído en picada y, con ellos, la posibilidad de maniobra que en otro tiempo tuvieron los gobiernos municipales.
A poco más de diez años de que la contribución territorial para el desarrollo local se convirtiera en una fuente de financiamiento importante para atender planteamientos de la población, y emprender proyectos propios, sin tener que esperar por recursos y aprobaciones de «arriba», la Ley del Presupuesto para 2025 ha implicado un serio recorte de esos fondos.
Del aporte del 1 % de sus ingresos, que deben realizar las entidades estatales y privadas de cada localidad, hoy solo llega a las cuentas de los municipios la décima parte.
De modo que el 90 % de la Contribución territorial para el desarrollo local, aunque lleve ese nombre, no va (al menos de forma directa) a los territorios.
Solo en Pinar del Río, ello implica que, de alrededor de 150 millones de pesos que se disponían hasta ahora, anualmente, para 2025 se calculen unos 42 millones, la mitad de los cuales quedaría en la capital provincial, que es en la que radica el grueso de las empresas pinareñas.
Los 20 millones restantes estarán repartidos entre los otros diez municipios de Vueltabajo.
Calex Edilio González, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial, explica que ello hace que algunos como Mantua, solo puedan disponer de alrededor de un millón de pesos.
«Hay proyectos de desarrollo local que están años y años esperando, porque los montos que se recaudan son insuficientes», dice.
UNA AYUDA IMPORTANTE PARA LOS GOBIERNOS
Disponer de más dinero no siempre ha significado que las cosas se hagan bien… y a veces que ni se hagan.
También abundan los ejemplos de obras que se iniciaron alguna vez, y que han terminado durmiendo el sueño eterno, debido a la falta de recursos o de financiamiento para concluirlas.
En mayo de 2017, por ejemplo, a propósito de las acciones por el aniversario 150 de la ciudad de Pinar del Río, Granma se refería a la recuperación del cine Pedro Saidén (cerrado desde hacía una década), el cual debía convertirse en un gran complejo cultural que incluiría un piano-bar, salas de eventos y otros servicios, con una capacidad total para más de 600 personas.
Ocho años después, el Saidén sigue sin fecha de inauguración, y los cuantiosos recursos invertidos en el proyecto permanecen inmovilizados, sin utilidad alguna.
No obstante, la contribución del 1 % (como también se le conoce) ha sido una ayuda indudable para la reparación y ejecución de obras que los gobiernos locales no tenían cómo emprender.
De cara al aniversario 150 de la capital pinareña (2017), estos fondos fueron determinantes para poder impulsar la maqueta de la ciudad, la restauración del Palacio de Pioneros, un bazar para los trabajadores por cuenta propia, el Museo 13 de Marzo, la fachada del policlínico Turcios Lima, la cafetería El Criollito, salones de belleza, barberías y cinco gimnasios biosaludables.
¿EN FUNCIÓN DEL DESARROLLO?
En los últimos años, marcados por una situación económica muy complicada, la contribución territorial para el desarrollo local ha seguido siendo una vía para atender necesidades de todo tipo, como considera Yordan Ramírez, intendente de Pinar del Río.
En la provincia, sin embargo, su utilización ha tenido más impacto en acciones de carácter social que en proyectos económico-productivos que promuevan el aprovechamiento de los recursos, las potencialidades endógenas, y generen nuevos ingresos para los territorios.
«Una parte importante se utiliza, porque así lo permite esa cuenta, en una especie de gasto corriente. Los gobiernos lo usan para mantenimientos constructivos de instalaciones sociales», reconoce Jesús Gorgoy, director de Desarrollo Territorial en el Gobierno Provincial.
De esta manera «se resuelven problemas que hay que resolver», y que responden a necesidades reales; pero «eso, a nuestro criterio, no genera desarrollo», añade de funcionario.
De los más de 200 proyectos de desarrollo local aprobados en la provincia en los últimos 15 años (una parte de los cuales ya no funciona), por la cuenta de la contribución solo han podido financiarse 35 y, de ellos, apenas alrededor de 20 con un enfoque económico-productivo.
«Evidentemente, son muy pocos», dice Gorgoy, y advierte que «es verdad que hay cuestiones sociales que atender; pero, ¿y la alimentación? Eso no se logra con proyectos socioculturales. ¿Y los materiales de construcción? Eso tampoco».
Entonces, ¿por qué no se han fomentado más iniciativas dirigidas a la producción?
Para el Director de Desarrollo Territorial, existe una razón objetiva: «Porque el dinero que entra no es suficiente».
Se trata de una verdad a medias, teniendo en cuenta que, en efecto, hay municipios en los que existen muy pocas empresas y, por tanto, las cifras que se captan son discretas.
Pero no es menos cierto que también hay territorios que han tenido dinero en sus manos y no han sabido qué hacer con él, como Viñales, que en 2024 dejó de ejecutar más de cuatro millones de pesos.
Por otra parte, en ocasiones se derrochan los fondos en gastos superfluos, como la pintura, hace apenas unos meses, del centro comercial Hermanos Cruz, de la ciudad de Pinar del Río; una instalación ocupada, básicamente, por mipymes privadas y una tienda recaudadora de divisas de la cadena Caribe. O sea, por actores que generan ingresos suficientes para asumir el mantenimiento de las áreas en las cuales ellos mismos radican.
REPITIENDO VIEJOS ERRORES
A pesar de que los municipios proponen, evalúan y deciden en qué emplear sus fondos, y escogen, además, a los constructores, ello no ha evitado que los procesos inversionistas arrastren, de manera recurrente, viejos problemas como los atrasos, las chapucerías y los errores de planificación.
Es el caso de la minindustria de conservas de frutas y vegetales que se levanta en áreas de la cooperativa Oscar Sánchez Ozuna, del municipio de Pinar del Río, que debió ponerse en marcha desde 2024, valorada inicialmente en unos diez millones de pesos, y a la que hubo que inyectarle más financiamiento en 2025, porque la demora en el cronograma de ejecución hizo que los cálculos para definir su presupuesto no se correspondan con los precios actuales de los materiales.
En ese contexto, la reducción de los porcientos que podrán recibir los municipios, por el aporte de las empresas enclavadas en ellos, al desarrollo territorial, los obliga, a partir de ahora, a limitar sus proyecciones.
«En nuestro caso, lo que estamos haciendo, es con el dinero que no utilizamos en 2024. Pero, con lo que vamos a generar este año, no podremos hacer ninguna obra de impacto», explica Raúl Alberto Morales, intendente de Viñales.
Con lo que habían dejado de ejecutar, en el municipio se espera concluir una minindustria para el procesamiento de pescado en la presa El Salto, que debió ponerse en marcha el año pasado, y otra para elaborar conservas de frutas y vegetales, e iniciar varias obras de carácter social.
Así que el verdadero efecto de la medida se percibirá en toda su magnitud de cara a 2026, cuando en lugar de los seis millones que se captaban anualmente, Viñales solo disponga de poco más de dos.
«A los precios actuales es muy difícil comprar materiales o poder hacer algo de envergadura», anuncia el Intendente.
Si bien en manos de los municipios queda la posibilidad de incrementar esas cifras, si se logra que crezcan los ingresos de las entidades asentadas en ellos y, por consiguiente, su contribución al desarrollo territorial, se sabe de antemano que quedarán muy lejos de los montos que manejaron hasta ahora.
Por tanto, también lo estarán las acciones que puedan emprenderse para obras sociales y nuevos proyectos económico-productivos.
No obstante, de estos últimos, la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial nunca accedió a explicarle a Granma (a pesar de haber solicitado la información y aguardado por ella por más de 15 días) cuántos han sido exitosos y cuántos no, ni qué dinero les han aportado a los municipios, ni los problemas a los que han dado respuesta. Son elementos indispensables a la hora de sacar cuentas, en un escenario económico extremadamente difícil para el país, en el cual la racionalidad y la eficiencia constituyen palabras de orden.
