La Constitución de la República de Cuba recoge en su artículo 72 expresamente que “la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. El Estado, para hacer efectivo este derecho, instituye un sistema de salud a todos los niveles accesible a la población y desarrolla programas de prevención y educación, en los que contribuyen la sociedad y las familias”.
Más adelante el texto constitucional aclara: “La ley define el modo en que los servicios de salud se prestan”.
De esta forma, queda recogida en la carta magna de la nación el derecho que cada cubano nacido en esta Isla tiene a recibir un servicio de salud gratis y de excelencia.
A nivel internacional son igualmente reconocidos los servicios de salud de la nación antillana. En la inauguración oficial de la Convención Internacional Cuba Salud 2018, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, reconocía: “Cuba es un modelo para otros países, pues demuestra que la salud es un derecho humano para todos, no un privilegio para unos pocos. En Cuba ya no es una aspiración sino una realidad que todos tengan acceso a servicios de salud de calidad”.
Y ello se demuestra en los esfuerzos ingentes que realiza la máxima dirección del país para garantizar los servicios básicos en medio de restricciones económicas agravadas por el bloqueo que Estados Unidos mantiene y agudiza y de la pandemia de la COVID-19 que ha provocado en el mundo la mayor crisis de los últimos tiempos.
En este contexto Cuba desarrolla varios candidatos vacunales contra la enfermedad, ha puesto el conocimiento científico y los recursos en el desarrollo de una vacuna que devolverá la risa a millones en el mundo.
A la par de la lucha contra la pandemia, de desabastecimientos comerciales, de limitaciones de financiamientos que hoy los cubanos sienten en su economía doméstica y calidad de vida, el país no ha detenido otros programas de salud vitales.
Ejemplo de ello en nuestro Pinar del Río es la disminución de la tasa de incidencia de la COVID-19; el Programa de Atención Materno Infantil contabiliza 5 206 nacimientos y una tasa de mortalidad infantil de 3.5 por cada 1000 nacidos vivos. Se han logrado 228 embarazos en las consultas municipales de atención a la pareja infértil y 82 en el servicio provincial de reproducción asistida.
Un total de 133 pacientes con insuficiencia renal crónica reciben su tratamiento en la Unidad de Hemodiálisis del hospital provincial Abel Santamaría, institución sanitaria que brinda atención médica de 40 especialidades; cuenta con 1 022 camas, distribuidas en 35 salas de hospitalización y atiende una población estimada de 584 497 habitantes.
Este centro, uno de los mayores del país, dispone de tecnología avanzada como complemento de los diagnósticos de diferentes enfermedades, entre ellos el tomógrafo monocorte, el multicorte, la resonancia magnética nuclear, el ecocardiograma, el laboratorio SUMA, y la radiografía digital.
A estos datos podemos sumarle que en la recién concluida segunda etapa de la Campaña 59 de vacunación antipoliomielítica, unos 25 656 niños vueltabajeros quedaron vacunados, incluyendo los que permanecían junto a sus padres en centros de aislamientos por ser contactos directos de casos positivos a la COVID-19.
Quizás el único problema sea que los cubanos vemos la salud como un derecho ganado, propio, que nace con uno, y no todos seamos capaces de entender que es un derecho que hay que mantener ahorrando recursos, protegiendo y cuidando las instalaciones, respetando los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias del país en medio de situaciones excepcionales como la que se vive en la actualidad.
El derecho a la salud se convierte en el derecho a la vida. ¡Qué otra razón de peso podría existir para preservarlo!
