El Anteproyecto de Ley de la Vivienda en Cuba busca flexibilizar el marco legal sin renunciar a la protección social, y abre el debate sobre cómo lograr soluciones reales a uno de los problemas más sensibles del país
Hablar hoy de vivienda en Cuba es hablar de uno de los problemas más sensibles para la familia cubana. Con ese telón de fondo se discute el Anteproyecto de Ley de la Vivienda, una norma llamada a sustituir la vigente desde 1988 y que busca adaptarse a las realidades actuales del país, marcadas por limitaciones económicas, deterioro constructivo y nuevas dinámicas sociales.
La propuesta llega en un momento complejo. El déficit habitacional supera las 800 mil viviendas, y el deterioro del fondo existente es una preocupación constante. De los aproximadamente 4.1 millones de viviendas que existen en el país, cerca de 1.4 millones se encuentran en estado regular o malo, lo que representa alrededor del 35 por ciento del total.
Ante esta realidad, la actualización de la legislación no solo responde a una necesidad práctica, sino también a un mandato constitucional. En tal sentido, la Constitución de 2019 reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda adecuada y de un entorno seguro, y establece la obligación de crear las leyes necesarias para hacer efectivo ese principio.
UN MARCO LEGAL QUE YA NO RESPONDE A LA REALIDAD
Durante años, la Ley General de la Vivienda de 1988 fue modificada por decretos, resoluciones y otras disposiciones que terminaron creando un entramado legal difícil de manejar, tanto para la población como para las instituciones.
A ello se suma la baja capacidad constructiva. Solo en el primer semestre de 2025 se terminaron 2 728 viviendas en todo el país, cifra muy inferior a lo que se necesita para reducir el déficit acumulado. Este panorama confirma la urgencia de introducir cambios que permitan dinamizar el sector.
Por lo tanto, el Anteproyecto propone articular la política de la vivienda con el ordenamiento territorial, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, con la intención de lograr soluciones más estables y sostenibles.
NOVEDADES Y CAMBIOS
Uno de los temas que más debate ha generado es la ampliación del derecho de propiedad. El nuevo texto permite que una persona pueda ser propietaria de hasta dos viviendas, sin contar la vivienda de descanso, que podrá mantenerse de forma independiente.
Para muchos ciudadanos, esta medida representa mayor seguridad jurídica y más posibilidades para organizar la vida familiar, mientras que otros expresan preocupación por las desigualdades que pudieran generarse si no se acompaña de un incremento real en la construcción.
Entre las transformaciones más significativas está la eliminación de la confiscación de viviendas por salida definitiva del país. De aprobarse la ley, los cubanos residentes en el exterior podrán conservar, heredar o transmitir sus propiedades en Cuba.
Se trata de un cambio largamente esperado por muchas familias, que durante años enfrentaron conflictos legales por este motivo.
Otro de los propósitos del Anteproyecto es simplificar los procedimientos, o sea, se eliminan autorizaciones previas innecesarias y se precisan mejor los pasos para realizar compraventas, donaciones, permutas o herencias.
También se flexibilizan aspectos como la transmisión de solares yermos o la cesión de azoteas para construir, lo que podría facilitar nuevas soluciones habitacionales, especialmente en zonas urbanas.
La propuesta no deja la responsabilidad solo en manos del Estado. Además del esfuerzo propio, se prevé la participación de cooperativas, microbrigadas, mipymes, e incluso, entidades inmobiliarias.
La intención es ampliar las capacidades constructivas del país y buscar alternativas que permitan acelerar el ritmo de edificación, algo imprescindible si se quiere reducir el déficit existente.
En el ámbito económico aparece una figura poco utilizada hasta ahora: la hipoteca. Con ella, las familias podrán solicitar créditos a largo plazo para construir o comprar viviendas, utilizando el propio inmueble como garantía.
Este mecanismo se suma a los subsidios y créditos tradicionales, y pretende ofrecer más opciones a quienes desean mejorar sus condiciones de vida.
LA PROTECCIÓN SOCIAL SE MANTIENE COMO PRIORIDAD
Aun con estas aperturas, el Anteproyecto conserva un fuerte enfoque social. Se establecen beneficios para sectores priorizados, entre ellos, trabajadores de áreas claves, familias con hacinamiento y jóvenes en edad laboral.
También se prevén soluciones para personas en situación de vulnerabilidad como adultos mayores, personas con discapacidad o víctimas de violencia doméstica, quienes podrán acceder a programas de vivienda social administrados por los municipios.
La norma mantiene, además, la inembargabilidad de la vivienda familiar, con el objetivo de proteger el hogar como bien esencial.
No todo se centra en construir. El deterioro del fondo habitacional obliga a mirar, igualmente, hacia la rehabilitación. El Anteproyecto prevé que el Estado asuma la recuperación de edificios en mal estado y fortalezca el papel de las juntas de administración en inmuebles multifamiliares.
Estas podrán acceder a créditos para mantenimiento y reparaciones, lo que ayudaría a conservar mejor las viviendas existentes.
UN CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA HABITACIONAL
El Anteproyecto estuvo en consulta hasta el 28 de febrero de 2026. A través de reuniones y plataformas digitales, la población pudo expresar criterios, dudas y preocupaciones.
Algunos ciudadanos ven en la nueva ley una oportunidad para avanzar, mientras otros temen que las diferencias económicas puedan reflejarse en el acceso a la vivienda. Especialistas coinciden en que el éxito de la norma dependerá no solo de lo que diga el papel, sino de la capacidad real para construir más y gestionar mejor los recursos.
Tras analizar los criterios recogidos, el Ministerio de la Construcción elaborará la versión final que será presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El Anteproyecto de Ley de la Vivienda marca un cambio de rumbo en la política habitacional cubana. Intenta combinar mayor flexibilidad en la propiedad con la protección a quienes más lo necesitan, al tiempo que busca crear condiciones para aumentar la construcción y rescatar el fondo habitacional existente.
Para los pinareños, como para el resto del país, el tema no es solo jurídico, se trata de una aspiración cotidiana: tener una vivienda digna, segura y adecuada, algo que sigue siendo uno de los mayores retos para la sociedad cubana.
