De inédito, robusto, estratégico y oportuno ha sido calificado el nuevo anteproyecto de Ley de Comunicación Social en la isla. Y no es para menos, ya era hora de llamar a las cosas por su nombre y de establecer en marcos regulatorios con implicaciones legales lo que muchos del gremio pedíamos a gritos.
Este documento, en su versión número 32, consta de 12 capítulos, 69 artículos, una disposición especial, otra transitoria y seis disposiciones finales, todas con el objetivo de enriquecer y facilitar el trabajo de la prensa cubana –y periodistas– de estos tiempos.
Por supuesto, y para que quede claro, el anteproyecto ha sido el resultado de muchos procesos de debate y discusión dentro del gremio, y con bases sólidas en los preceptos revolucionarios constitucionales, así como nuestra experiencia en la arena nacional e internacional.
Entre los capítulos están los dedicados a la imagen Cuba y la marca País; a la publicidad y el patrocinio; a la investigación, desarrollo e innovación en la comunicación social; la regulación y control de los procesos de comunicación social, así como las contravenciones asociadas a la comunicación social.
También legislará, en caso de aprobarse en la consulta que durará hasta el próximo mes de septiembre, sobre el sistema y los procesos de comunicación social, contenidos y la gestión económica de los medios de comunicación social en el ámbito mediático.
Esta es una nueva oportunidad para alcanzar la transparencia informativa que desde hace muchos años nos debemos, tanto la prensa como los lectores, y no por la desinformación propiamente, sino por la no información oportuna o por dar y permitir paso al secretismo institucional.
Ya en este nuevo marco regulatorio, por ley, ninguna de las empresas en el país podrán negar información o datos sobre sus gestiones, y mucho menos establecer disposiciones verticales que obstaculicen las investigaciones periodísticas a petición del pueblo o de la agenda de cada medio.
De igual forma, y lo creo fervientemente, abriremos un paréntesis para el enfrentamiento a la creciente colonización cultural, a las fake news y a las tan fatales y nocivas campañas de desinformación sobre la base de lo irreal.
Recordemos que vivimos en una era en la cual saber ya no es un lujo, sino una necesidad creciente, y que el simple hecho de no decir algo o hacerlo con medias tintas hace tanto o más daño que las publicaciones de ultramar.
También se mejorará la construcción de las agendas mediáticas, desde lo relativo al acompañamiento popular en la confección de las mismas.
Entre otras normas positivas, finalmente se reconoce la figura responsable del director de cada medio de prensa sobre el actuar y publicaciones respectivas de su organismo; además de contar con el respaldo de emplazar públicamente a aquellas instituciones que una vez aprobado este anteproyecto decidan vivir en el pasado y no facilitar información sobre un determinado tema.
Asimismo, como otra de las fortalezas, se prevé finalmente arrancar la “curita” o la venda de tantos años, para ceder espacio a la publicidad impresa y digital, con el fin de poder generar ingresos que tributen, a través de la misma, a una mejor gestión económica de cada medio de prensa y sus trabajadores.
A ello se suma la comercialización de productos comunicativos dentro y fuera de la isla modo de patrimonio social, así como patrocinios, donativos y agendas de cooperación nacional y foráneas.
Gracias a esta decisión, por ley se busca y se quiere transformar el actual modelo económico presupuestado de la prensa, solo sustentado sobre los hombros desgastados del Estado; un presupuesto que bien pudiera utilizarse en obras de impacto social.
No obstante lo anterior, esta no será una guerra de un día, sino la constancia de ganar las batallas de cada día en la trasformación de mentes arcaicas y “cuadradas”.
Nos corresponderá entonces a todos, periodistas o no, hacer valer el documento y no dejarlo caer cual letra como tantos otros acuerdos de diferentes índoles suscritos con anterioridad. La victoria y validez de estas novedosas ideas estará en saber emplearlas de la mejor forma posible, todo bajo la estricta observancia de los principios éticos de nuestra ciudadanía, y la premisa de un mejor periodismo y gestión de la información, siempre de cara a saciar las necesidades informativas reales y objetivas del más avispado de nuestros lectores.
