Respetar la autonomía de las cooperativas, suprimir la obligación de vínculo con empresas estatales y la posibilidad de realizar otras actividades lícitas, son algunas de las novedades del Decreto Ley 76 que rige el cooperativismo en la agricultura y que entrará en vigor en enero próximo.
Así lo explicó Idania López González, especialista en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura (Minag), durante un seminario de preparación efectuado en la provincia Pinar del Río, a la vez que insistió en que el verdadero impacto se verá en la forma en que se asimile y se implemente la legislación en cada base productiva del país.
Añadió que en la normativa se abandona el concepto de organización y se sustituye por el de “asociación voluntaria de personas” y que se hace énfasis en que las relaciones que establezcan con otros sujetos económicos son estrictamente contractuales, en igualdad de condiciones y no de subordinación como se constata en muchos casos.
El cuerpo legal también establece trasladar a los consejos de administración municipales las facultades del Ministro de la Agricultura de autorizar la constitución o extinción de las cooperativas en aras de hacer los procesos más viables y evitar trámites engorrosos.
Uno de los apartados de la norma describe los requisitos para la constitución de una cooperativa agropecuaria, entre los cuales se incluye contar con un límite mínimo de 11 personas naturales, realizar la creación mediante escritura notarial e inscribirse en el registro mercantil.
Juan Antonio Vento Machado, asesor jurídico de la Anap provincial, refirió que el nuevo decreto regirá la vida económica, política y social de las CPA, CCS y UBPC del país, se adecuan los principios del cooperativismo internacional a la vida interna de las estructuras y se introducen estatutos basados en los que ya implementan las cooperativas no agropecuarias como instrumentos jurídicos para regular su funcionamiento.
“Es un proceso que lleva preparación, pero que trae beneficios a los campesinos, pues se resalta mucho que todos están en igualdad de condiciones y que es la asamblea quien, de conjunto, decide lo que es mejor para la vida interna de su estructura, sin que intervengan factores externos”, apuntó Irelys Rodríguez Pérez, presidenta de la Anap en el municipio de Sandino.
Tomás Manuel García Crespo, jefe del departamento de Desarrollo Cooperativo en la Delegación Provincial de la Agricultura, considera que el mayor impacto del decreto ley se verá en la autonomía de las cooperativas, pues muchas veces es vulnerada.
“El asesoramiento jurídico es otro de los aspectos que será decisivo para que una estructura funcione adecuadamente y pueda establecer relaciones contractuales como corresponde. Las estructuras, además, podrán asociarse entre sí y crear cooperativas de segundo grado, además de realizar otras actividades, siempre y cuando cumplan con su objeto social”, dijo.
A partir del día cinco y hasta el 14 de diciembre, en cada municipio pinareño se realizarán seminarios de preparación que luego serán replicados hasta la base.
