La protesta social, sus secuelas y una investigación por genocidio penden hoy sobre la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pese a que obtuvo el apoyo del Parlamento a su gabinete ministerial.
El anuncio de la investigación preliminar por las 46 muertes registradas en dos oleadas de manifestanciones que demandan la renuncia de Boluarte, coincidió ayer con el voto de confianza otorgado por el pleno congresal al gabinete encabezado por el primer ministro Alberto Otárola.
La amplia mayoría de votos (73, frente a 43 en contra) a favor de la confianza ratificatoria del gabinete, confirmó la alianza que de hecho tiene el Gobierno con la mayoría congresal, en la que tiene un peso decisivo un bloque de tres partidos de extrema derecha.
Por el contrario, el debate del voto de confianza puso en evidencia las cada vez más profundas diferencias con las bancadas de izquierda, que no solo votaron en contra sino que vapulearon a los ministros y a la mandataria con imprecaciones y acusaciones de asesinato que, según afirmaron, hacen inviable a Boluarte.
“No se puede gobernar sobre cadáveres”, dijo el congresista de esa tendencia Waldemar Cerrón, mientras su colega Guillermo Bermejo advirtió que el Gobierno y la mayoría derechista “tendrán las balas, tendrán los votos, pero no tienen la razón” ni son viables.
En el ámbito de las negociaciones para solucionar las protestas fracasó ayer un intento de diálogo con alcaldes de la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, donde se registraron las 18 muertes más recientes.
Otárola había anunciado optimistamente la gestión ante el Congreso, pero los emisarios, viceministros y otros funcionarios regresaron con las manos vacías, pues los interlocutores a los que habían contactado, no pudieron llegar al aeropuerto de Juliaca, punto de la reunión, por los bloqueos de calles.
Además, la terminal aérea permanece bajo el asedio de una multitud que la policía no pudo romper el lunes, cuando murieron 17 civiles, a los que se agregó el martes un policía quemado por una turba en la madrugada de ayer.
La investigación preliminar, que según analistas debilita a la presidenta, fue anunciada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y considera posibles los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La indagación incluye al primer ministro Alberto Otárola, quien al ocurrir las primeras muertes era titular de Defensa, y al actual timonel de la cartera, Jorge Chávez, y del Interior, Víctor Rojas, y se relacionan con la pérdida de 28 vidas, en diciembre pasado, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho.
A esos muertos se sumaron los 18 de Juliaca y en las pesquisas también fue involucrado quien fuera el mes pasado primer ministro, Pedro Angulo, y del Interior de entonces, César Cervantes.
