El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Unión Europea (UE) mantienen a Panamá en sus listas discriminatorias y lo acusan de ‘paraíso fiscal’, con perjuicio a su comercio, inversiones y finanzas externas.
A pesar de los esfuerzos del actual gobierno por cumplir estrictamente todos los mandatos y recomendaciones de los organismos internacionales, el espectro del escándalo mundial de los Panama Papers (Papeles de Panamá) persigue a esta nación desde 2016, opinaron analistas.
Desde noviembre de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumió la coordinación de todas las instituciones para la ejecución del Plan de Acción establecido por el Gafi, y ser excluidos de la lista lo antes posible.
El equipo técnico a cargo de esta coordinación está integrado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva (Cnbc) y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, asesorados por consultores externos expertos en lavado de dinero.
Autoridades gubernamentales reconocieron a medios de prensa que aún hay acciones por culminar y en ese sentido, reiteraron su compromiso político, técnico y operativo, con el objetivo principal de blindar al país de acciones financieras ilegales.
Entre los señalamientos del Gafi, como parte de las justificaciones para mantener al istmo en la lista, están la necesidad de continuar la identificación de los remitentes de dinero sin licencia y aplicar un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del sector de Agentes Públicos no Financieros.
También quieren asegurarse de que Panamá proporcione a tiempo la información actualizada del beneficiario final y demuestre su capacidad de investigar y enjuiciar a quien evada la ley, especialmente en delitos tributarios extranjeros, para obligar a que las fortunas de evasores fiscales tributen a sus países de origen.
El efecto cascada provocó que, basado en la decisión del Gafi, la UE mantuviera también a Panamá en su relación de jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, después que la incluyó desde el pasado año en medio del peor momento de la pandemia de Covid-19.
La queja de estos organismos se resume en que a pesar de que el país cambió su legislación en tales temas, muestra muy pocos resultados en la aplicación de la ley, dijo a La Estrella de Panamá Dani Kuzniecky, secretario de la Cnbc, quien agregó que se deberán lograr condenas ejemplares.
Aldo Mangravita, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), explicó al semanario Capital Financiero que las listas grises dificultan la exportación, la compra de equipos y de materia prima, ya que los países pueden adoptar decisiones unilaterales, basados en los riesgos que suponen los mercados bajo tales sanciones.
Perseguir a las riquezas que se esconden en paraísos fiscales es el objetivo que buscan el Gafi y la UE, los cuales obligaron al Istmo a cambiar el tratamiento a las sociedades creadas en esta jurisdicción, cuyos beneficiarios finales deberán conocerse, e incluso la información bancaria solicitada de depositantes extranjeros.
Expertos locales trabajan en instrumentar las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, pero el entramado creado por décadas en el esquema de formación de sociedades anónimas y cuentas bancarias ocultaron tales actores económicos, lo que hizo prosperar la industria de las sociedades offshore, también conocidas como de papel.
La brusca caída de la economía panameña en 17,9 por ciento del Producto Interno Bruto el pasado año por la crisis sanitaria mundial, y su enorme endeudamiento, requiere buscar una rápida recuperación en 2021, para lo cual las listas grises serán uno de los obstáculos más fuertes, porque resta confianza a la inversión en el país y encarecen los créditos.
Entre sus prioridades, la actual administración tiene eliminar tales sanciones desde que asumió en julio de 2019, pero el esfuerzo no se ve apoyado desde el sistema de justicia, que sin resultados maneja casos de alto perfil, los cuales provocaron la renuncia a dos Procuradores de la Nación en poco más de un año; el último hace solo unos días.
