El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dialogará hoy con la titular de la Corte Suprema, Rosa Weber, y gobernadores, tras los actos de terrorismo protagonizados por adeptos radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro.
Ambos compromisos están previstos para realizarse en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, depredado este domingo, al igual que las sedes del Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF), por grupos de bolsonaristas (seguidores del exmilitar).
Hasta el momento se desconoce si habrá un encuentro entre Lula y los timoneles de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, o del Senado, Rodrigo Pacheco.
La agenda oficial del gobernante prevé también que converse por teléfono con el primer ministro de Portugal, António Costa, y el expresidente estadounidense Bill Clinton.
Anoche, tras los actos de destrucción y vandalismo en la Explanada de los Ministerios, Lula volvió a Brasilia desde Sao Paulo y se reunió con Weber y ministros en el Palacio del Planalto.
También acompañó a Weber durante una inspección por el STF, mientras que expertos trabajaban para conocer en detalle la extensión del daño.
El fundador del Partido de los Trabajadores cumplía agenda oficial en Araraquara, ciudad paulista con áreas devastadas por fuertes lluvias, pero acortó el viaje y retornó a esta capital horas después de controlarse la situación en la Explanada de los Ministerios.
Pacheco citó para este lunes a una sesión extraordinaria para analizar la solicitud de Lula de intervenir el Distrito Federal (DF) ante invasiones a sedes de los tres poderes.
Según la televisora O Globo, el senador, quien disfrutaba de unas vacaciones en Francia salió y llegaría este lunes a Brasilia, donde hará la urgente reunión de manera conjunta con la Cámara de Diputados.
La víspera, ante las incursiones violentas, Lula decretó la intervención de la Seguridad Pública en el DF.
Durante su alocución, el exsindicalista afirmó que hubo falta de vigilancia y protección en la capital, y prometió que los terroristas serán encontrados y castigados. Se dictó la medida hasta el 31 de enero.
El objetivo de la intervención es «poner fin al grave comprometimiento del orden público» en la división territorial, marcada por acciones vandálicas e irrupciones en predios públicos.
Tal disposición será coordinada por el interventor Ricardo García, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia.
