La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.
Transcurrido el término para que los acusados o el Fiscal establecieran los recursos contra las sentencias dictadas, en ejercicio del derecho que les asiste legalmente, o por haber sido resueltos estos, informamos que, hasta el momento, la Fiscalía ha sido notificada por los Tribunales Populares de 76 sentencias que han adquirido firmeza.
Resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos.
A 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal. Por el delito de sedición los sancionados fueron 36, a los que se les impuso penas entre 5 y 25 años de privación de libertad.
A 84 acusados, se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión, disponiéndose para ellos las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad; en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años.
Es importante señalar que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.
En las sentencias dictadas los Tribunales Populares se pronunciaron en cada caso por la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades.
En estos momentos corresponde el inicio del proceso de ejecución de las sanciones firmes impuestas, y durante su cumplimiento velar porque se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social.
