Al reclamo se suman los pronunciamientos de repudio de movimientos, organizaciones, instituciones, activistas y personalidades internacionales, que califican esa designación de injusta y arbitraria, y denuncian sus consecuencias sobre la nación y las familias cubanas.
La víspera, en una carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos exhortó al Gobierno de Joe Biden a eliminar a Cuba del listado e iniciar el camino del entendimiento mutuo.
También la Duma Estatal de Rusia (cámara baja de la Asamblea Federal) repudió la disposición de Washington, que limita los derechos de los cubanos dentro y fuera de la isla y dificulta cualquier tipo de ayuda humanitaria, negocio, inversión y comercio relacionado con la esta nación antillana y sus ciudadanos.
La persecución a las transacciones financieras desde y hacia el territorio cubano y de las relaciones comerciales, incide en todas las esferas de la vida.
Igualmente, la medida coercitiva crea obstáculos adicionales para la entrega de asistencia humanitaria en un momento en que el país lidia con la escasez de productos básicos y suministros médicos, exacerbada por el endurecimiento de la política de bloqueo estadounidense.
Limita ostensiblemente o directamente prohíbe, incluso, los intercambios de artistas, escritores, académicos, activistas y periodistas que residen en la isla.
Paradójicamente, mientras Estados Unidos mantiene a Cuba en ese listado, cobija en su territorio a grupos que organizan, financian y ejecutan acciones terroristas, con el propósito de subvertir el proceso revolucionario.
Este lunes, el Ministerio del Interior reveló detalles de una operación de infiltración frustrada recientemente por fuerzas especializadas de ese organismo, dirigida a realizar atentados contra objetivos económicos, sociales y militares con propósitos desestabilizadores.
Algunos de los implicados en la organización, planificación y financiamiento de esa acción están incluidos en la lista nacional de personas implicadas en actos de terrorismo contra Cuba, entre ellos Willy González, al frente de la organización paramilitar Nueva Nación Cubana en Armas, basada en la Florida.
De acuerdo con el coronel Víctor Álvarez, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Minint, hechos como este han sido denunciados reiteradamente a las autoridades estadounidenses sin que se tomen medidas al respecto.
Según analistas, el doble rasero del Gobierno de Estados Unidos para afrontar un tema tan sensible como el del terrorismo expone la verdadera esencia de la política con la que sucesivas administraciones de ese país han pretendido, durante más de seis décadas, derrocar a la Revolución cubana.
