Sí, ya lo sabemos de sobra usted y yo, lo vivimos y lo escuchamos a diario, y alguna que otra vez lo hemos padecido para nuestro gran pesar.
El delito se ha envalentonado en nuestro país en los últimos años por el resquebrajamiento de los valores cívico morales de la sociedad, y a las altas necesidades y carencias que padecemos debido a lo que harto sabemos.
A ello súmense —por qué no decirlo a camisa quitada— la escasa presencia policial en los lugares donde más operan los bribones de turno, y la nula vigilancia colectiva a la que estamos llamados en los CDR.
El robo —tanto el de mano blanca como su siniestro par— han corroído gran parte de las actividades del día a día. Mencionemos los productos en quioscos y carretillas donde no existen tablillas informativas, las “magias” en las balanzas del agromercado, el desvío de recursos en empresas y entidades, los abusivos y disparatados impuestos en las mipymes y sus respectivas transferencias, entre tanto otros.
Sin embargo, es sobre este asunto del que le propongo dialogar esta semana, no precisamente quisiera centrar el debate en las actitudes anteriores, pues aunque también sucede de noche, el delito contra los sistemas fotovoltaicos es el que ocupa uno de los primeros lugares en la actualidad.
Exacto, el nuevo “modus operandi” de quienes deciden vivir y lucrar a costa del sudor ajeno es la sustracción de paneles solares de tejados, áreas vecinales, de centros estratégicos para la economía, la salud y las comunicaciones, y hasta de los mismos parques que nos alumbran en ocasiones durante el día.
Usted lo domina tanto como yo y ha sacado sus cuentas: adquirir e implementar tecnología solar continúa siendo extremadamente caro para cualquier cubano, digamos que casi un lujo.
Por supuesto, más que válida y necesaria sería tal inversión en medio del contexto actual para dejar de pensar en los molestos apagones, pero garantizar tal tranquilidad energética viene acompañada de un sacrificio familiar mayúsculo.
Y no lo digo solo por el dinero, sino también por el estrés de cada noche ante una posible sustracción, o el pensamiento constante de cómo protegerlos de los bandidos, pues ya no valen cámaras ni luces, incluso, en ocasiones ni alarmas.
Tengamos en cuenta que gracias a la flexibilización del Estado cubano sobre este tipo de tecnologías, a las bondades de importación y a la entrega de módulos a médicos, maestros, científicos y a otros, la Isla apuesta hoy por esa transición tan necesaria hacia las energías limpias, “oportunidades” con las que individuos inescrupulosos se afilan sus dientes.
Lo bien jodido es que tras cada robo se derrumban sueños, voluntades, meses viviendo muy por debajo de los límites, infraestructuras valiosas para la calidad de vida colectiva, por solo mencionar algunas.
Nadie tiene derecho a sustraer baterías de un centro de Salud, arrancar los cables de un edificio multifamiliar o levantar paneles de un tejado, dañando equipos e infraestructura durante tan vil acto.
Y en esto tenemos que ser y pensar de forma tan hostil como los perpetradores mismos, pues estos hechos no pueden continuar siendo tratados como delitos menores.
Ante criminales y fechorías que atenten contra la independencia electroenergética, ya sea ciudadana o estatal, debe caer todo el peso de la ley.
Tras cada panel robado o equipo sustraído yace más que el propio delito, piénselo bien y verá a lo que me refiero.
Quizás sea hora de priorizar las acciones y enfrentamientos contra esta nueva “cultura delincuencial”, retomar juicios y sentencias ejemplarizantes que al menos pongan a pensar a sus comisores, o quizás, actualizar o añadir al Código Penal sanciones dolorosas para aquellos que se burlan de la voluntad nacional.
Frenar la sustracción de equipamientos fotovoltaicos debe constituir la primera y más importante línea de defensa. Es una tarea para ayer, pues en ello va inmersa e implícita nuestra soberanía energética.
