La provincia Pinar del Río tiene 11 municipios y cada Asamblea correspondiente analiza y emite los criterios de medidas para el funcionamiento de su economía, por eso esta vez los nuevos precios se ajustan a sus necesidades y posibilidades.
Como se comprende, la publicación de los listados de precios resulta compleja por razones de espacio y decidimos en esta edición tomar solo el ejemplo de algunos productos agrícolas y las cafeterías de los cuentapropistas para que la población aprecie las coincidencias o diferencias.
El ordenamiento económico es un proceso equivalente a una segunda revolución en el país: la primera triunfó el primero de enero de 1959 y, la segunda, arrancó el primero de enero de 2021 y da sus primeros pasos, afianzada sobre la responsabilidad de los cuadros y sus estructuras, el compromiso de la población y la unidad como fuerza motriz renovadora, porque con sinceridad tenemos que decir que todos estamos en aprendizaje.
Para llegar a la Tarea Ordenamiento se fortaleció el aparato constitucional y jurídico del país, se crearon condiciones estatales y las instancias de gobierno validaron la importancia de la territorialidad municipal que permite funcionar de manera diferente a la provincia.
Ahora es cuando las asambleas municipales y sus consejos de la administración asumen un protagonismo extraordinario por la elaboración, discusión y aprobación de la mayoría de los precios que rigen la vida diaria de sus ciudadanos.
Las estructuras provinciales sugieren, apoyan, favorecen, pero en última instancia la decisión de los precios de venta de productos agrícolas, gastronómicos, de servicios y transporte local; del sistema empresarial estatal o de los privados por cuenta propia o cooperativistas se establecen y aprueban por la Asamblea Municipal.
Nadie puede creerse infalible, se puede errar; cada cabeza pensante puede ver desde una óptica diferente y más con los precios, que es un regateo entre el que compra y el que vende, donde todo el mundo, desde su punto de vista, tiene la razón.
Hay una realidad, el cliente quiere un servicio o un producto de la mejor calidad y al menor precio y entonces es cuando las autoridades, armados de las herramientas jurídicas y del comercio, median entre ambos contendientes.
Incluso, en los precios de competencia nacional hay contradicciones, como lo demostró la tarifa eléctrica, los precios de los helados de Coppelia (La Habana), de algunos sistemas de pasajes nacionales, hasta desembarcar en otros aparentemente más locales como el pan, que la gente quizás no se disgusta tanto por el peso a pagar como por la mala calidad de ese producto.
La población conoce que se mantiene la comercialización mediante la canasta familiar normada de arroz, granos, aceite, azúcar refino y crudo, sal, pastas alimenticias, pollo, jamonada, picadillo texturizado de soya, huevos y café, pero su principal preocupación es por lo que adquirirá con precios no subsidiados y tan necesarios como los otros para vivir.
Esta vez nos referiremos a Minas de Matahambre, La Palma, Los Palacios y Mantua.
Los mineros, en sus productos alimenticios para el expendio por los privados fijó la pizza napolitana a 20 pesos, la de jamón a 30 y la de salchichas a igual precio; el pan con jamón pierna a 20 y con lechón a 16.
En La Palma y Mantua hay una coincidencia en cuanto a este plato muy demandado por los cubanos, quizás la diferencia mínima pueda estar en casos de especialidades como la hawaiana o los panes con jamón o puerco asado que pueden ser de un peso o algo más cuando es pierna.
En la agricultura, en Los Palacios, las actividades de carretilleros o vendedores en forma ambulatoria, vendedor minorista de productos agropecuarios, de productos agrícolas en puntos de ventas y quioscos, otras formas de gestión no estatal y los establecimientos pertenecientes a la granja urbana ofrecen los precios más favorecidos, pero se trata de un territorio rico en cultivos menores y un mayor potencial productivo.
Mientras los palaceños venden la yuca y el boniato a dos pesos la libra, los mineros expenden el boniato a 4.50 y la yuca a cuatro igual que en La Palma, pero Mantua se diferencia por la yuca a tres pesos.
La cebolla y el ajo tienen la particularidad que unos los ofrecen por unidad y otros por libra. En Los Palacios, la cebolla verde es a 8.50 la libra y la seca a 10.35. En Minas, la cebolla seca grande es a tres pesos la unidad y la seca chica a dos pesos; los palmeros y mantuanos lo hacen con igual criterio, pero la cebolla verde por libra es a 10 pesos.
El ajo se mantiene regularmente a cinco pesos la cabeza grande, cuatro la mediana, a tres la chica y la libra desgranado a 10 pesos.
Estos precios, que no tienen motivo para variar de forma significativa, excepto en la ciudad, están sujetos al concurso de la población que a fin de cuentas es quién pagará o no.
Los problemas más graves están con los ilegales que, ajenos a lo dispuesto, venden en la medida que les compren. Ya hemos presenciado a vendedores de aguacates –que en los territorios están por debajo de los 10 u ocho pesos– a exorbitantes 50 pesos por unidad, hasta que aparece el inspector o policía y por venta obligatoria tienen que rebajarlos al importe del lugar donde se encuentre.
Un elemento conspirativo es que la población, principalmente en los barrios, no quiere problemas y no denuncia, por lo que de hecho apoya la impunidad.
El paso de los días, la exigencia poblacional, el aumento de la producción, el ordenamiento de la distribución y la disponibilidad de transporte podrán ayudar a bajar los precios, mientras que los organismos de control mantengan a raya la ilegalidad.
Estamos en un proceso complejo en el que todos somos productores, economistas, controladores, compradores y vendedores, pero disponemos de dos elementos: la unidad y la responsabilidad para que la Tarea Ordenamiento se ordene como necesitamos los cubanos.
