Protección a trabajadores no estatales, retos ante la excepcionalidad

La estrategia para afrontar la crisis que en la masa trabajadora ha provocado la interrupción de algunas actividades económicas ha estado encaminada a proveer de apoyo económico y asegurar un nivel básico de ingresos familiares en caso de recesión de la actividad; en tanto algunas medidas, como el trabajo a distancia, contribuyen a mantener activos los sectores donde es posible realizar estas funciones.

En el caso de los negocios por cuenta propia dedicados a la gastronomía y los servicios se han tomado otras alternativas como las entregas a domicilio, con reducción del personal. Legalmente, mientras los establecimientos continúen las prestaciones de alguna forma, “el empleador tiene que remunerar a los que continúan trabajando, aun cuando haya una disminución de los niveles de actividad, en función del tiempo laborado, pero nunca en menor cuantía a lo que establece el Código de Trabajo”, según especificó Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social en el espacio Mesa Redonda.

Sin embargo, ¿qué ha sucedido con aquellos trabajadores contratados que interrumpieron su actividad a causa de la COVID-19? ¿Cómo han recibido respaldo de los empleadores o del aporte que mensualmente realizan a la Seguridad Social?

ENTRE VOLUNTADES DE PAÍS, ASIGNATURAS PENDIENTES

Ministra de Trabajo y Seguridad Social

La Ministra dijo en jornadas previas que un total de 632 557 cubanos se acogen actualmente al trabajo por cuenta propia, de los cuales 243 203 suspendieron temporalmente su actividad por solicitud propia o por indicaciones gubernamentales.

Como parte de las medidas emergentes para facilitar el proceso de recesión y reincorporación posterior al trabajo, se anunció que “en los casos de trabajadores que determinaran que no continuarían laborando, podrían solicitar una suspensión de sus labores, procedimiento que no existía y por el cual las personas tendrían que causar baja de la actividad y volver a darse alta”.

Entre estas figuró también la prórroga de trámites ante el registro de contribuyentes, el aplazamiento del pago de tributos y la exención del pago de los impuestos y de la cuota tributaria mensual.

Sin embargo, las adecuaciones legales determinadas para garantizar la atención a los trabajadores por cuenta propia, no han abordado a día de hoy disposiciones precisas sobre la protección de algún porciento de su salario por parte de los empleadores -como sucedió con las empresas estatales- o la retribución correspondiente al aporte mensual a la seguridad social, para aquellos que recesaron sus funciones como cuentapropistas debido a la COVID-19.

Sobre este tema, la ministra precisó que “cualquier persona con insuficiencia de ingresos puede acudir a la seguridad social” y comentó que 197 trabajadores por cuenta propia se encuentran protegidos por la Asistencia Social, lo que representa solo el 0.08 por ciento de quienes detuvieron sus funciones; al tiempo que puntualizó que esta ayuda procedería previa demostración de las deficientes condiciones económicas y en correspondencia con la cantidad de personas que compusieran el núcleo familiar.

El Decreto Ley número 278, del año 2010, como parte de lo aprobado en los Lineamientos de la política económica y social del Partido dirigida a disminuir la participación relativa del Estado en el presupuesto de la Seguridad Social, protege a estos empleados y a sus familiares según las características de la actividad que realizan ante los riesgos de enfermedades, accidentes, invalidez; así como la maternidad de la mujer trabajadora.

Por supuesto, nadie podría predecir una situación tan excepcional como la que atraviesa el mundo y aunque todas las medidas tomadas hasta el momento en Cuba tienen el propósito de respaldar a los trabajadores, sería irracional pensar que podría ampararse a todos por igual y sostenidamente, basado en el presupuesto de la Seguridad Social, por la recesión de sus correspondientes actividades de forma preventiva para evitar el riesgo de exposición a una pandemia.

Mientras queda probado que los augurios de la ciencia ficción no son tan descabellados, aún resta consolidar alguna estrategia de protección del salario en caso de réplica de las circunstancias actuales para quienes laboran en este sector, que aporta capacidad de empleo al país e ingresos, de la misma manera que se implementó para amortiguar el impacto negativo de la interrupción de las actividades en las entidades estatales para la economía de los trabajadores.

GESTOS QUE HABLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Más allá de la ley y a propósito de un post de Facebook que recientemente publicaron los trabajadores del establecimiento Café Ortúzar en la ciudad Pinar del Río, he entendido que la COVID-19 ha puesto sobre la mesa, más que adecuaciones legales acerca del estado de derecho de los trabajadores del sector cuentapropista, también aquellos asuntos que tienen que ver con la humanidad y la conciencia.

En un reconocimiento, no solo a la remuneración recibida equivalente al salario básico estipulado en sus contratos, sino también a la preocupación expresa de la dueña del negocio, el colectivo expresó su gratitud por el gesto durante estos meses de recesión de sus actividades laborales, lo que resultó en un apoyo vital para transitar por la crisis en el entorno familiar.

El contenido del mensaje era el siguiente: “Porque si de humanidad se trata y no de leyes que regulen el tratamiento a los trabajadores, usted es ejemplo para nosotros, porque nos cautiva con las atenciones que ha tenido, porque hace que valga aún más la pena compartir el espacio y el esfuerzo con usted; porque nos convierte en un equipo aún más unido para hacer salir adelante esa casa de todos que es Café Ortúzar, porque usted nos ha dado en este tiempo de crisis una lección de lealtad que nos compromete a ser más eficientes cada día, a sentir que más que trabajo, coexistimos como una familia en la buenas y en las malas. Por eso, muchas gracias, Josefina”.

Con palabras de agradecimiento, estos trabajadores destacaron la actitud de su empleadora en lo que pudiera catalogarse como un acto de responsabilidad social desde la posición del sector no estatal en Cuba.

El Café Ortúzar, como otros negocios en la provincia, cerró sus puertas para evitar la concurrencia y aglomeración de personas, según establecieron las medidas tomadas para la prevención de la COVID-19. En todo este tiempo de aislamiento, hasta iniciada la fase de recuperación, estos empleados recibieron el respaldo de su contratante en la actual situación de contingencia; una resolución individual que habla también de ponerse en la piel del otro y colaborar, de sentirse responsables por el bienestar de los trabajadores, de pensar en fin como el país que somos.