Vandalismo, violencia, crimen y terrorismo, esa es la supuesta ayuda yanqui al pueblo cubano, enfatizó hoy el presidente Miguel Díaz-Canel.
A través de su cuenta en Twitter, el mandatario compartió un artículo del periódico nacional Granma titulado Detrás de viejas intenciones, nuevos actos terroristas.
En el texto se denuncian las acciones violentas que cometieron en esta capital personas con antecedentes penales incitadas por residentes en Estados Unidos a cambio de dinero.
El diario se refiere a un audiovisual publicado la víspera por la televisión cubana donde se muestran hechos de sabotaje y terrorismo ejecutados en días pasados como parte del guión de golpe blando que se intenta aplicar en la isla.
De acuerdo con la prensa local, el objetivo de estas acciones es provocar un estallido social que induzca a más sanciones contra Cuba, una guerra civil o suscite una intervención encabezada por Estados Unidos.
Sobre este particular, la televisión compartió los testimonios de los detenidos Alejandro Cesaire y Manuel Arias quienes reconocieron sus nexos con estas personas y cometieron hechos vandálicos en diferentes puntos de la capital.
Otro ejemplo lo dieron a conocer los acusados Jose Osmani Bauta y Francisco Felipe, ambos estaban coordinados e iban a asesinar a dos oficiales de las fuerzas del orden a cambio de mil pesos para cada uno.
Estas acciones del golpe blando se basan en la información o desinformación, así como en la creación de escenarios, reiteraron en la televisión cubana.
La isla denunció el papel en redes sociales de las falsas noticias que se generan desde laboratorios mediáticos en Estados Unidos.
De hecho, el país norteño informó recientemente gastos por más de 261 millones de dólares en proyectos de subversión contra Cuba desde 1990 hasta este año.
El portal Cuba Money Project, del periodista norteamericano Tracey Eaton, citó datos del Explorador de Ayuda Exterior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Según el reporte, más de 124 millones de dólares se destinaron al propósito descrito como ‘participación democrática y sociedad civil’, alrededor de 38 millones fueron etiquetados como ‘derechos humanos’ y 25 millones se adjudicaron a ‘medios y libre flujo de información’.
