Las vicisitudes de dos acuerdos

Para nadie es un secreto que las nuevas normas jurídicas de la Vivienda sostenidas en los acuerdos 8574 y 8575 del pasado año, han llevado el fondo habitacional de la Isla a otro nivel.

Gracias a estas normativas, ordenar y legalizar un inmueble, vivienda, cuartos, habitaciones y locales ya no es cosa del pasado; ahora con algunos trámites sencillos en las oficinas destinadas para ellos es suficiente.

Sin embargo, tanto especialistas y solicitantes piensan que el asunto no es como se pinta, pues a la fecha, el volumen de trámites es superior a lo previsto, y pese a que se han tomado medidas para entregar en tiempo cada documentación, la tarea es hoy casi imposible.

UNA SEGUNDA VUELTA AL ASUNTO

En el mes de junio de este año, Guerrillero abordó la entonces incipiente temática de los trámites y acuerdos mencionados para las legalizaciones de las viviendas en la provincia. Hoy, a varios meses de aquel encuentro con directivos y especialistas del sector de la planificación, volvemos sobre el tema para conocer las experiencias positivas y negativas del asunto.

Según Yoan Carlos Torres Sotolongo, jefe del Área de Trámites en Pinar del Río, a raíz de la puesta en vigor del «8574 y 8575» se han recibido cerca de 6 000 trámites en la provincia, de los cuales se han resuelto 3 073.

«Sabíamos que en algún momento habría un aumento considerable de la radicación de expedientes, pues a los casos que se trabajaban antiguamente por el Instituto de Planificación Física se les sumarían las nuevas tramitaciones. Pero nunca pensamos que fueran a incrementarse tanto», explicó.

Tal es así, que de forma global en la provincia en periodos anteriores, se recibían alrededor de 12 300 trámites anuales como promedio desde el traspaso de funciones. Solamente en estos meses de apertura, las cifras se superan en 1 500 trámites por encima, al compararse con todo el 2018.

La dura realidad de esto es que todos los expedientes se confeccionan por un personal reducido, ya que la plantilla de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF) no ha crecido para esta rama y tampoco tiene posibilidades de contratar personal externo.

ESTRATEGIAS... ¿SOLUCIONES?, REALIDAD

Por su parte, Tauna Haces Mena, subdirectora del Área de Trámites en Pinar del Río, explica que la entidad ha trazado estrategias para enfrentar estos volúmenes.

«En el departamento municipal de Trámites de este municipio cabecera al comienzo contábamos con ocho especialistas y técnicos. Ya hoy suman 18 y pretendemos incorporar otros cinco. Este incremento ha sido gracias al empleo de trabajadores de otras áreas del IPF para suplir las nuevas funciones.

«No obstante, al tiempo que hemos ganado dinamismo en las legalizaciones, hemos ralentizado otras actividades dentro de la propia entidad, que quizás a la larga nos pasen factura», expresó Haces Mena.

Y es que la escasez de personal cualificado es uno de los problemas que más golpea a la ejecución óptima de los decretos.

A ello se suman la carencia de recursos materiales como los de oficina, transporte para visitar las viviendas rurales o alejadas de los centros urbanos, la no comparecencia del arquitecto de la comunidad para los dictámenes técnicos y más recientemente la aparición de enfermedades profesionales debido al del arduo trabajo en las dependencias municipales.

«Una de las complejidades radica específicamente en el personal que opera en el terreno en las diferentes sedes municipales, pues territorios como Sandino, San Luis y Consolación del Sur que cuentan con entre dos y cuatro técnicos cada uno, no dan abasto para suplir las demandas de zonas tan grandes y sin medios de transporte para ejecutar los dictámenes.

Ambos directivos explicaron que dicha documentación técnica, la que anteriormente requería al arquitecto de la comunidad, hoy les corresponde también al IPF. Por tanto, la población debe ser consecuente, pues el personal de esa entidad no cuenta con la preparación necesaria para conformar el expediente, ya que es una tarea sumamente precisa y compleja.

Otra de las estrategias ha sido la de impartir varios seminarios para capacitar a los trabajadores de la cabecera y de municipios como Consolación del Sur, Sandino y San Luis, los que albergan hoy innumerables casos.

A la par, realizaron también movimientos de mobiliarios, como equipos de computación y elementos de oficina hacia las distintas sedes con el fin de crear un mínimo de condiciones, las que saben que son aún insuficientes.

Para ilustrar lo anterior en números, al comienzo de la actividad existían estimados que rondaban las 10 000 viviendas a legalizar. A la fecha, tras el aluvión de casos recibidos y los levantamientos realizados, los especialistas del tema concuerdan en que las cifras deben de estar entre las 30 000 y 40 000. En ello incide que no solo se legitiman viviendas terminadas, sino aquellas que comienzan sus obras.

Lo cierto es que cada día se suman y acumulan más y más casos en las oficinas de trámites de todo Vueltabajo; gestiones para las que hoy Planificación Física no cuenta con todo el arsenal necesario, por lo que deberán repensarse viejas metodologías y nuevas propuestas de viabilidad que suplan todas las documentaciones que sobrevienen.