Desarrollan balance de Planificación Física
- Escrito por Ariel Torres Amador
El propósito de la estrategia no es la demolición de obras, sino el ordenamiento territorial.
Con el análisis del plan propuesto para el 2016 en cuanto a los objetivos estratégicos, criterios de medidas, acciones realizadas e insuficiencias detectadas en el sistema de la planificación física, dio inicio la jornada de balance de los trabajadores de esta rama en el territorio.
Joel Linares Moreno, quien dirige la Dirección Provincial de Planificación (DPPF), explicó que la composición de la plantilla de la entidad actualmente se ocupa al 88,2 por ciento debido a la fluctuación laboral, tema que afecta en cierta medida el desarrollo de algunas actividades en el sector. Asimismo abordó que en el período analizado se avanzó en la identificación, inscripción y entrega de solares estatales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio, aunque afirmó que todavía son insuficientes para las demandas recibidas. En el caso de los trámites, en 2016 se radicaron cerca de 17 156 solicitudes solamente del sector no estatal. De ellas, 14 461 fueron trámites técnicos y el resto jurídicos. Por su parte, las ilegalidades – con 1 403 reportadas y solucionadas al cierre de 2016 en la provincia – fueron altamente debatido durante la sesión, donde los presentes llegaron a la conclusión de que a pesar de lo logrado, aún persisten deficiencias en la detección temprana de las ilegalidades, la no declaración de todas las violaciones de proyectos, morosidad en la solución inmediata de las nuevas ilegalidades por parte de los grupos municipales de enfrentamiento, la elevada fluctuación e inestabilidad laboral de los inspectores que controlan el territorio, así como la inexistencia de vías reglamentadas que permitan resolver ilegalidades detectadas cuya solución no sea la demolición. Al concluir, se pautaron los principales retos de trabajo para el presente año, entre los cuales se explicaron la terminación de la evaluación de las implementaciones de los planes de ordenamiento territorial y urbano, así como los planes generales, la socialización de las regulaciones territoriales y urbanas a través de publicaciones y encuentros periódicos con los actores implicados, profundización de los estudios del hábitat para las respuestas a la construcción de viviendas por la vía estatal y el esfuerzo propio, el cumplimiento del plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades y asegurar la agilidad en los procesos de trámites del sector estatal y no estatal.