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Precio justo, derecho del consumidor

Centros con similar confort y tipo de servicio, el mismo producto, dos precios, aunque no haya violaciones de procedimientos resulta inquietante. / Foto: Yolanda Molina.

Centros con similar confort y tipo de servicio, el mismo producto, dos precios, aunque no haya violaciones de procedimientos resulta inquietante. / Foto: Yolanda Molina.

Desde el año 1983 fue instituido el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. A propósito de la celebración y de la normativa puesta en vigor en Cuba en el 2018, ofrecemos un acercamiento al tema.

En junio del 2018 entró en vigor la Resolución 54/18 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) la cual regula la protección al consumidor en el sector. La entonces titular del ramo afirmó que se aplicaba a todas las entidades comercializadoras de bienes y servicios a la población.

La medida creó expectativas y esperanzas, al menos colocó con fuerza en el debate público la necesidad de una ley que generalice dentro del país las prácticas de mercado.

Hoy ese escenario tiene muchos actores y no todos lo hacen desde la ética y la responsabilidad. Promover estas conductas figura entre los objetivos contenidos en las directrices de las Naciones Unidas, que fueron aprobadas por la Asamblea General el 16 de abril de 1985.

NUESTRAS PECULIARIDADES

Al realizar un análisis hacia lo interno no podemos olvidar que la economía cubana tiene peculiaridades. Muchos de los productos que necesitamos diariamente están marcados por la escasez, pues la oferta no supera la demanda.

Ahora mismo, tanto en la red que opera en CUP como en CUC, al recorrer los establecimientos es frecuente encontrar neveras y estanterías vacías.

Incontables veces se adquiere lo que hay y no lo que se precisa o quiere; tampoco contamos con una amplia gama de opciones como para seleccionar según la calidad, precio y accesibilidad, y sin dejar de tener en cuenta que los salarios están muy lejos de corresponderse con los requerimientos monetarios para satisfacer las necesidades básicas.

En este contexto tienen peso elementos como el envejecimiento poblacional y lo que se ha dado en llamar el síndrome del nido lleno que implica varias generaciones viviendo bajo un mismo techo, no siempre con las condiciones idóneas y por último, y no menos importante, la dualidad monetaria.

Que los derechos del consumidor, con tantos agravantes, prevalezcan por encima de cualquier otro interés es vital, pues no basta con convertirlo en letra impresa para que se implemente a nivel social; y si bien algunos se vuelcan hacia la exigencia de un buen trato, del peso adecuado de la mercancía y del confort en las instalaciones, hay una arista mucho más escabrosa y cuestionable: el precio.

No se trata de ese que fija un privado a determinado bien o servicio al más genuino estilo de cacique indio, sino al que tienen los productos en la red comercial estatal, especialmente en divisa.

Según información disponible en el sitio digital del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) este tiene entre sus objetivos y funciones “Proponer al Consejo de Ministros la política en materia de formación, fijación y modificación de precios y tarifas; dirigir y controlar su ejecución”.

No obstante, en conversación telefónica con Alex San Pedro, de la dirección de precios en el MFP, conocimos que las cadenas de tiendas Caribe y Cimex, pertenecientes al Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), –además de otras entidades– tienen facultades para la formación de los precios de venta.

Explica el funcionario que ellos le propician la metodología y de acuerdo con el costo le aplican un índice multiplicador y como poseen mecanismos diferentes de transportación, sistemas independientes de distribución y manejo de las mercancías trae consigo divergencias entre las tarifas finales para una y otra.

Al respecto Jorge Luis Salas Rosette, vicepresidente para la Economía del Consejo de la Administración Provincial (CAP), expone que el coeficiente varía y que el mínimo es un 2,2, índice establecido en el momento que se crearon las entonces tiendas recaudadoras de divisa (TRD). Pero desde el 2004 operan con moneda nacional, primero solo en CUC y actualmente también aceptan el equivalente en CUP, según la tasa de cambio oficial de 1x25.

Otro aspecto que resalta es que la utilidad del salario, uno de los componentes del precio, bajó de un 25 a un cinco por ciento y, sin embargo, esa reducción del costo no impacta sobre el precio final. Afirma que desde la provincia no acceden a la conformación de los precios para esas cadenas y que dichos establecimientos no son auditables por las entidades destinadas a este fin en el territorio.

Hay una gama de productos de primera necesidad como pollo, aceite, picadillos, salchichas, hamburguesas, entre otros que fueron homologados para que todos estos centros los expendan a la misma tarifa. ¿Y el resto de los artículos? porque la medida en que algo es o no prioridad para el consumidor depende de cada caso.

SIN VIOLACIONES, PERO INCOMPRENSIBLE

En un breve recorrido por los centros comerciales situados en la avenida José Martí se encuentra el mismo producto a distintos precios y el margen entre unos y otros puede ser notorio.

Específicamente sobre la lata de maíz dulce en gran formato la cual en la tienda El Fuego está a 7.20 y en La Amistad a 5.45, preguntamos a Vladimir Puebla Gutiérrez, subdirector en funciones de Inspección, Verificación y Precios de la dirección provincial del MFP en Pinar del Río. El funcionario nos confirma que no hay violación, que él personalmente dialogó con Félix Granados, responsable de la actividad a nivel nacional en el Grupo Empresarial Cimex, quien le explicó que en este caso responde a que el MFP no le hace bonificación arancelaria.

La centralización de la economía cubana en más de una ocasión resulta una llave de contención para los territorios, al tener que esperar por decisiones y recursos que urgen y a los cuales no se puede acceder. Justamente ahora la Constitución fortalece la autonomía de los municipios, pero el otorgamiento de funciones a las empresas y entidades en la formación de precios es un tema harto sensible, con gran incidencia sobre la calidad de vida de la población para diseminar esas facultades.

Una funcionaria del MFP especialista en el tema –y que siendo impuesta desde un inicio de que hablaba con una periodista rehusó ser citada porque no había consultado al Departamento de Prensa para ofrecer información– alegó que el mercado no tiene por qué ser unitario y que los índices multiplicadores cuentan con un margen de aplicación, siempre y cuando no superen el máximo aprobado para cada clasificador de los que argumentó hay muchos.

Preocupa que no se busque paridad en los precios cuando la hay en la oferta. Y al margen de que aseguren no exista violación, si la diferencia entre un establecimiento y otro es de 1,75 CUC –equivalente a 43,75 CUP que es la moneda en que se devenga el salario– sobran las razones para el cuestionamiento. Y no vale la excusa de que esas presentaciones en gran formato están destinadas a trabajadores no estatales, porque si en verdad se trata de suplir la ausencia de un proveedor mayorista para ese segmento el margen comercial ha de ser mínimo, en aras de que responda al concepto para el cual fue diseñado.

Estas páginas no permiten hacer un examen de todos los precios que muestran cambios de una a otra tienda. Sirva este ejemplo para motivar a la reflexión: hoy esta red comercial no constituye una alternativa, es la alternativa; el mercado interno es cautivo; carecemos de competencia comercial entre proveedores de bienes y servicios, lo que obliga al necesitado a recurrir a la opción disponible, máxime cuando la inestabilidad en las ofertas marca, ya sea en CUC o CUP.

Un trabajo realizado por MFP, que data del 2017, disponible en su sitio digital y que tiene entre los autores a Alex San Pedro, expone: “Mediante estudios realizados se ha podido constatar que se están trasladando innecesariamente significativos montos a los costos de las mercancías circuladas”. Y añade en el primer párrafo de las conclusiones: “En los momentos actuales de la economía es cada vez más vital la necesidad de lograr precios mayoristas más razonables, que tributen a la eficiencia empresarial, a partir del abaratamiento de los márgenes comerciales y con ello evitar la tendencia hacia la aplicación de tasas de margen comercial (TMC) y precios mayoristas desproporcionados que generan utilidades desmedidas, no como resultado de disminuciones de costos y gastos; aplicación de medidas tecnológicas, comerciales, logísticas y administrativas, entre otras acciones, sino de buscar mayores niveles de venta o de valor agregado bruto por incrementos de precios y TMC o por aplicación de precios no razonables”.

A casi dos años de tal conclusión las medidas que favorezcan al bolsillo del ciudadano siguen sin llegar, al contrario, cada día el costo de la vida sube. Urge dejar de pensar que en esos establecimientos solo se vende para quienes reciben remesas, disponen de varias fuentes de ingresos o los cubanos residentes en el extranjero: allí se están quedando nuestros salarios, esos que no alcanzan, que son poco estimulantes y que generan males sobre los cuales sería preciso encauzar otro análisis.

En el balance del MFP, refiere el sitio Cubadebate, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, señaló que una de las prioridades es ordenar la política de precios del país, atemperarla a las condiciones actuales, porque es una de las cuestiones que hoy genera insatisfacción en nuestra población.

Y mucha, añadiríamos nosotros, material y espiritual, porque la inaccesibilidad deja pendientes problemas de la vida doméstica y el alma se daña cuando el individuo se siente timado.

Sobre el Autor

Yolanda Molina Pérez

Yolanda Molina Pérez

Licenciada en Periodismo de la Universidad de Oriente.

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