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De piscinas y Decretos

Piscina privada en Viñales, Pinar del Río / Foto: tomada de internet

Piscina privada en Viñales, Pinar del Río / Foto: tomada de internet

Muchas son las suposiciones y especulaciones con respecto a la construcción de piscinas en nuestro país. Los criterios y acciones recogidas en este aspecto, de acuerdo con especialistas en el tema, se enmarcan y varían entre la irresponsabilidad, el desconocimiento y la ilegalidad.

A pesar de las labores de sensibilización que realiza el Instituto de Planificación Física (IPF) en el territorio, el tema aún tiene tela por donde cortar y los resultados aún distan de lo deseado. Sobre las inquietudes que rodean el tema, tanto nuestras como de los lectores, Guerrillero conversó con Yoel Linares Moreno, director provincial del IPF. ¿Qué es lo que está reglamentado hoy en nuestro país sobre el tema piscinas? “En la actualidad hay dos normas fundamentales que son el Decreto 327 y el Decreto 322. El primero norma todo lo que tiene que ver con el proceso constructivo e inversionista para personas jurídicas y el segundo lo hace para personas naturales. En cuanto a la construcción de piscinas, tradicionalmente las normativas cubanas han mantenido una prohibición para su construcción”. “Hoy las obras de este tipo solo pueden realizarse en obras estatales, dígase hoteles, albergues e instalaciones deportivas que tienen un grupo de requisitos y que pueden garantizar el mantenimiento y otros aspectos de las mismas”. “Claro, la imposibilidad o prohibición para las personas naturales de construir piscinas no quita que se utilicen para estos fines estanques portátiles que se han comercializado, y otros de carácter importado que temporalmente las colocan en sus viviendas”.
“Pero para ser claros, en el artículo 44 inciso C de la Resolución 54, del Decreto 322, esta actividad está prohibida en estos momentos”. ¿Cómo se comporta este tema en la provincia? “En este aspecto existe un sector incipiente en las actividades por cuenta propia, específicamente el de alquiler de habitaciones, los que muchas veces se asocian al turismo y para ofrecer mayor confort a sus inquilinos, pues fabrican piscinas en sus patios”. “Esto se ve sobretodo en Viñales, donde hemos tenido varios percances debido a tales ilegalidades. Aunque estamos conscientes de que todavía no detectamos la totalidad de ellas, hoy en el territorio tenemos identificadas 90 piscinas. Muchas de ellas se deben a transformaciones de estanques o cisternas”. “Lo más preocupante de toda esta problemática son los riesgos biológicos e higiénico-sanitarios, la protección y cloración del agua, así como el ahorro de la misma, pues para nadie es un secreto que hoy en la provincia la situación con el agua es un problema grave y muchos asentamientos humanos carecen de la misma”. Una vez identificadas las piscinas cómo trabaja el IPF “Lamentablemente cuando una piscina se construye y permanece esa obra de carácter no legal, pasa a un inventario nuestro y se conversa con sus propietarios sobre la necesidad de erradicarla por los motivos antes expuestos”. “Existen tres alternativas establecidas. Una de ellas es demoler las obras encontradas, la otra es tapiarla y convertirla en cisterna para darle un valor útil, y la última es sellarla y convertirla en una jardinera”.

“Este trabajo es sumamente engorroso y muy difícil de ejecutar para nosotros, son acciones no deseadas, pero que tenemos que cumplir porque son obras que violan las normas establecidas”.

“Hoy el país en el marco del desarrollo de sus instrumentos y el fortalecimiento de la actividad de la planificación física se perfila en ir ordenando nuestro territorio”. Siempre existen aquellos que no quieren acogerse a ninguna de las soluciones anteriores. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo se trabaja en estos casos? “Siempre se procede al conversatorio y a la sensibilización de los poseedores de las piscinas, se les otorgan plazos para la erradicación de las mismas, y de ser necesario se les aplican varias multas y se activa el grupo de enfrentamiento municipal”. “Si lo anterior no funciona colateralmente se les puede retirar la patente para ejercer la actividad por cuenta propia. Por supuesto, ante conductas totalmente negativas se procede a la demolición y se eleva un expediente a la fiscalía y tribunales competentes”. ¿Consideraciones finales? “Hasta la fecha no hemos tenido casos de conductas negativas extremas. Y debemos reconocer que gran parte de esta problemática se debe a que existe desconocimiento de las normas por parte de la población, pues en sondeos e investigaciones que hemos realizado por diferentes zonas, muchas personas se nos acercan buscando información al respecto”.

Sobre el Autor

Ariel Torres Amador

Ariel Torres Amador

Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana, Cuba

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