Actualizado 11 / 12 / 2017

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Escenarios complicados… pero necesarios

El reparto Hermanos Cruz es centro de ilegalidades urbanísticas

El reparto Hermanos Cruz es centro de ilegalidades urbanísticas. / Foto: Osmay Pérez

El tratamiento a las ilegalidades constructivas en los edificios multifamiliares, es un asunto extremadamente complicado hoy día.

Varias son las anécdotas que pudieran contarse, que van desde las autodemoliciones hasta las intervenciones de la PNR y la implicación de tribunales municipales.

Ante las críticas y complejas problemáticas de la vivienda y el fondo habitacional cubano, ¿cómo se procede a conversar con un núcleo familiar que construyó ilegalmente para que comprenda la necesidad de demoler dicho agrego y devolver el inmueble a la normalidad?
En este escenario, complejo, pero necesario, se mueven los trabajadores de la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF), siempre con la intención de normalizar, embellecer y restaurar la ciudad a su esplendor tradicional.

COMPRENSIÓN VS. DEMOLICIÓN

Para Joel Linares Moreno, titular del Instituto de Planificación Física (IPF) en la provincia, este es una labor dura, donde se exige bastante, aunque de acuerdo con sus palabras también existen momentos en que hay que conciliar ciertas cosas.

“Continuamos exigiendo las demoliciones porque es nuestro trabajo, y queremos que se comprenda que no somos el enemigo, siempre vamos a los lugares con la mejor voluntad de conversar y apercibir para que se nos entienda”, explicó.

Actualmente en el municipio cabecera restan alrededor de 202 irregularidades pendientes en los edificios multifamiliares, entre ellas ampliaciones de balcones, rejas, cercas, garajes, terrazas y otras.

“Hay que entender que los espacios en los edificios son públicos, no privados. Por supuesto, no somos cerrados en este aspecto, sabemos que las rejas se necesitan en los primeros pisos para la protección y que se cerquen algunos espacios, pero siempre respetando las normas urbanísticas de planificación física, buscando la uniformidad y el convenio colectivo del consejo de vecinos, previa solicitud a la Vivienda”, agregó Linares Moreno.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, el programa de demolición no se ha detenido. Sucede que durante los últimos tres meses el IPF se mantuvo trabajando en el campo de la persuasión a los infractores; además, mediaron factores como las carencias de combustible y del oxígeno y acetileno.

El tema del apercibimiento resulta de gran importancia, pues según los resultados y las estadísticas, cerca del 80 por ciento de estas irregularidades en el pasado año, se resolvieron por autodemoliciones de los mismos familiares.

Por su parte, Alexánder Morejón Álvarez, director municipal de Planificación Física, agregó que en el presente año se incluyeron cinco acciones de enfrentamiento en el reparto Jagüey-Cuyují y otras 67 en el Raúl Sánchez.

“Ya comenzamos a operar, y con resultados positivos, pues los vecinos comprendieron y asimilaron la tarea, y de cinco acciones planificadas vamos a salir del Jagüey-Cuyují con cerca de 20, que es casi la totalidad de las allí detectadas, aunque insisto, la población debe sumarse más a esta actividad”, comentó.

TERRENO DE NADIE

No obstante lo anterior, en estos momentos lo que golpea con más fuerza a los planificadores son las ilegalidades de nuevo tipo: construcciones en terrenos intrincados o en tierras estatales y surgimiento de barrios de nuevo tipo. En este último escenario coexiste un número importante de irregularidades. El harto conocido barrio del “Avioncito” es uno de tantos ejemplos.

“Allí muchas viviendas no están legalizadas, pero si vamos a lo establecido proceden urbanísticamente por un grupo de cuestiones técnicas. Incluso, algunas de ellas están hasta alineadas y tienen servicios de agua, electricidad y hasta teléfonos, con CDR creados y todo bien estructurado como un barrio tradicional”, comentó Linares Moreno.

Para estos casos de nuevas ilegalidades, que pudieran proceder urbanísticamente, el IPF todavía no posee una respuesta definitiva, tema que estudian y debaten para llegar al mejor consenso y solución posible. Entiéndase que tan solo la cabecera municipal cuenta con alrededor de 10 de estos barrios de 25 que están detectados en toda la provincia. Nada más y nada menos que aproximadamente 1 400 nuevas viviendas, a las que también se les deberá dar solución.

¿ESTRATEGIAS FRENTE A NEGATIVAS?

A la fecha cuatro son los municipios de mayor conflicto: Sandino, Consolación del Sur, Los Palacios y Pinar del Río, y al comparar estadísticas entre ellos suman alrededor del 90 por ciento del plan de enfrentamiento.

En algunos de estos lugares el trabajo es mucho más arduo y complicado, pues no siempre la población comprende que se eche abajo su esfuerzo. Pero ante las negativas existen estrategias, un proceso que lleva varias etapas.

Un primer paso consiste en advertir a los familiares. A ello se suma una multa inicial y un término de tiempo para demoler (casi siempre 72 horas, aunque frente a situaciones puntuales el IPF sabe dialogar y convenir).

Transcurrido el tiempo pactado, si no se elimina se procede a aplicar una segunda multa, y tras el vencimiento de un nuevo término, pues el grupo de enfrentamiento incorporaría dicha vivienda al plan; seguido de una notificación a los habitantes del inmueble con el día que se procederá a demoler. Para esto último se adiciona la presencia de una brigada especializada, la PNR y en caso necesario la Cruz Roja.

“No siempre se llega a tales extremos, pero desafortunadamente hemos tenido que tratar con casos así. En la actualidad en el reparto Hermanos Cruz el promedio de demoliciones en un día está sobre las tres o cuatro; sin embargo, en otros consejos populares está en el rango de las ocho.

Todo se debe a la solidez de las construcciones, que para erradicarlas se necesitan elementos y herramientas más sofisticadas. Un ejemplo de ello es que la semana pasada nuestra brigada tuvo que cambiar los botellones de oxígeno y acetileno en tres ocasiones.

“Queremos que se sepa que estamos estudiando las posibilidades de reubicación. Esto quiere decir, que trataremos de ayudar a los poseedores de garajes, carpinterías y quioscos, entre otros, a buscar espacios más propicios.

“Se está priorizando el tema de los carros y los garajes en las baterías que ya tenemos en planes. El objetivo es que la persona logre y pueda construir su nuevo garaje en el espacio cedido antes de demoler el ilegal”, aclaró Alexánder.

Pero la realidad es que esta alternativa tampoco será definitiva, pues tan solo en el área del “Hermanos Cruz” hay más de 30 cuentapropistas que hoy ejercen sus labores en áreas comunes de los edificios, aunque el IPF aseguró que para ellos también se tendrá una respuesta de relocalización.

Sobre el Autor

Ariel Torres Amador

Ariel Torres Amador

Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana, Cuba

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