Actualizado 20 / 02 / 2020

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Que no sea letra muerta

Contrario a lo dispuesto por la máxima dirección del país y a lo que espera el pueblo, algunos choferes y conductores del sector cuentapropista en la provincia incumplen con el deber de contribuir a la transportación de pasajeros.

Y no es que se nieguen a ello y hayan entregado sus patentes, sino que no cubren ciertas rutas que anteceden a su destino final.

El jueves 19 de diciembre, alrededor de las cuatro de la tarde, me encontraba en la parada del «Miliciano» a la espera de un transporte rumbo a Montequín, cuando se detuvo un camión con matrícula 003945 y su conductor promocionó el servicio hasta Consolación.

Decidí arribarlo, así que me acerqué, pero en el momento en que extendí mi mano para darle los dos pesos, el chico me dijo: «No niña, esto es directo a Consolación». Y ni tiempo a discutir el asunto tuve porque en cuanto me vio intenciones de fotografiarlo salió disparado.

Al poco rato, una camioneta con matrícula 001594 hizo parada. La historia se repitió, solo que esta vez alguien pronunció las palabras mágicas: «Socio, yo voy para La Conchita, pero te pago el pasaje completo». Y sin reparos le permitió subir.

Pasaron quizás 15 minutos y en el lugar parqueó el camión particular que transporta pasajeros de Pinar del Río a territorio consolareño y viceversa, conocido como El Terán. Pensé que al ser un carro de mayor capacidad, sí recogería viajeros de toda esa trayectoria, pero solo dio dos opciones: «Caballero, Hospital Nuevo y Consolación». No era la alternativa ideal, pero al menos me adelantaba, así que lo abordé.

Le pregunté al conductor el porqué de la restricción. Me respondió que lo hacían para no perder pasajes de personas que sí van directo al destino final. Ante mi comentario que eso era una violación de las últimas disposiciones del Consejo de la Administración Provincial, el guía de la tripulación me dijo que él no tenía que ver con eso, que era una orientación de su jefe.

Una joven que es pasajera diaria de dicho vehículo, me hizo saber que aquella estrategia maquiavélica también funcionaba de esa manera desde Consolación hacia la capital provincial. «Te dicen que el viaje es directo a Pinar, pero si le pagas los 10 pesos, te dejan donde tú quieras».

Cuál es el objetivo entonces de topar los precios del transporte por trayectos, si algunos titulares de vehículos particulares, al parecer, solo tienen un único destino, el final.

Quienes incurren en esta ilegalidad solapada, se escudan tras la justificación que para las rutas cercanas a la urbe vueltabajera existen mayores posibilidades de transporte y que, además, a ellos les resulta más rentable por las dificultades existentes con la disponibilidad de combustible.

Visto así, pareciera hasta razonable el hecho de proteger a los viajeros de poblados más distantes, sin embargo, la realidad demuestra que el interés de estos transportistas es obtener ganancias mediante la violación de los precios establecidos. ¿O por qué, si la persona paga el pasaje completo, el conductor sí la transporta hasta el trayecto deseado?

Cierto es que desde hace meses el acceso al combustible resulta engorroso, pues no siempre los servicentros lo tienen y cuando hay las colas son kilométricas. Asimismo, choferes y conductores deben de pagar sus patentes de forma mensual, pero ello no puede ser motivo para perjudicar al pueblo, ya que los portadores energéticos continúan al mismo precio y los impuestos que ellos pagan se establecen a partir de sus ganancias; si no renunciarían, y no lo hacen.

Ante la violación de los precios en el servicio de transportación, el pueblo tiene que denunciar a los infractores a través de las diferentes vías dispuestas para ello.

Por su parte, los directivos del sector del transporte deben continuar con la estrategia de dar seguimiento a las denuncias de la población y sin paternalismo, mediante los organismos impositivos, aplicar sanciones severas a los infractores, a fin de evitar actuaciones que dañan a la población.

Otra alterativa factible sería conferir autoridad a los inspectores del transporte, presentes en los diferentes puntos de recogida, para chequear y controlar el actuar de los cuentapropistas respecto a los precios establecidos para cada trayectoria.

Si el Consejo de la Administración Provincial fijó tarifas diferenciadas es porque hicieron un estudio previo y demostraron la justeza de las regulaciones. Urge entonces acabar con la ilegalidad solapada en lo referido a los precios topados en el transporte. La ley es para que se cumpla, no para que sea letra muerta.

Sobre el Autor

Yurina Piñeiro Jiménez

Yurina Piñeiro Jiménez

Licenciada en Periodismo en la Universidad Hermanos Saíz de Pinar del Río, Cuba

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