Actualizado 18 / 01 / 2020

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¿De quién es la última palabra?

Desde el mes de julio pasado, momento en que ascendieron las escalas salariales y se toparon algunos precios, la cotidianidad ha sido más llevadera bajo ciertos ángulos, por decirlo de alguna manera.

Con la mejora del poder adquisitivo por uno o varios miembros de una misma familia y un control exhaustivo por parte de las autoridades se «respiraba» un poco mejor.

Los precios de los productos no parecían tan caros, la mesa contaba con mayor variedad y si se seguía la costumbre de «apretarse el cinto» un poquito, pues el resto del dinero no utilizado podía satisfacer algunos caprichillos.

Lo cierto es que con el transcurso del tiempo ambas cosas han mermado. Tanto el poder adquisitivo del incipiente aumento salarial, como el control de los vendedores ambulantes y demás precios en los diferentes sectores.

Quizás el lucro de los no estatales en sectores como el transporte y los productos agropecuarios sean los ejemplos más sonados, pero no son los únicos que agravan el problema.

Lo anterior, unido a la carencia de cervezas, refrescos enlatados o en formato de litro y medio, escasez de harina, puré de tomate y muchos otros de producción e importación estatal, también dan al traste con que florezca la especulación.

Sin duda, la idea inicial de topar precios y vigilarlos en teoría era buena y por algún tiempo lo fue en la práctica. Pero a la fecha, siguen las mismas tendencias nocivas de meses atrás.

Solo basta caminar cualquier municipio para observar los precios o necesitar ajo, cebolla, ají cachucha, puré de tomate u otros. ¿Los precios? Pues elevadísimos.

Vamos a razonar y a ser un poco espinosos con el tema.

¿Por qué si los precios están topados, en nuestra provincia continúan los revendedores cobrando hasta 60 pesos por una ristra de cebolla con 10 cabezas, cuando lo establecido es a 1,50 cada una?

No mencionemos el ajo a 50 pesos, la yuca a 10 pesos el mazo que debería ser a cinco, la papa (importada) a 10 pesos la libra, el boniato, el ají, y por último el tomate hasta 15 pesos la libra. Si vamos a ser justos, lo único que en realidad conserva su precio es la malanga.

Recientemente este escriba salió a hacer las compras semanales, y al inquirir y emplazar a un vendedor ambulante, este espetó de mala gana que nosotros, los periodistas y el periódico, así como los dirigentes, podíamos decir cualquier cosa, porque al final, ellos decían la última palabra: «Esto es de nosotros y ponemos el precio que queremos. Al que no le convenga que no compre».

Y me pregunto: ¿esta es la sociedad que queremos? ¿Es este el modelo de calidad de vida que pretendemos? ¿Dónde están los agentes de la autoridad y los inspectores estatales frente a tales agravios? ¿Por qué su actuar no se siente? ¿Por qué tanta protección con quienes laceran el futuro y sostenibilidad de la sociedad?

Bajo ningún concepto se justifica que se compre un producto y se venda al doble de lo que se adquirió, ni se excedan las tarifas definidas para cada actividad sin importar los posibles inventos.

Si bien es cierto que Cuba hoy no tiene las condiciones para un mercado mayorista, también lo es que al momento de la compra por el cuentapropista, el Estado no le gravó ningún impuesto. Entonces, ¿bajo qué pretexto o justificación estos últimos deciden gravar al pueblo con hasta el 80 por ciento por encima del valor real?

En esta batalla no debemos ser meros espectadores. El llamado es a denunciar a estos que especulan y juegan con los precios. A nosotros nos corresponde ser partícipes de las medidas contra los transgresores y evitar que dañen el nuevo sistema salarial. Así, mediante el aviso de quién comete la violación y dónde, estaremos ejerciendo nuestro derecho constitucional y ciudadano de velar por una Cuba mejor, al tiempo que nos protegemos como individuos y sociedad de forma colectiva.
La última palabra es de nosotros.

Sobre el Autor

Ariel Torres Amador

Ariel Torres Amador

Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana, Cuba

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