Actualizado 21 / 11 / 2019

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¿Derecho de admisión?

Para nadie es un secreto que con la actualización del modelo económico de la Isla muchos son los servicios y productos que se han estilizado, repensado, solicitado, puesto en práctica... y por qué no decirlo, también privatizado a manos de los trabajadores no estatales.

Esto es algo que de cierta forma ha revitalizado la expansión de propuestas de nuevo tipo, y con ellas el comercio, el flujo monetario y la adquisición de ingresos frescos para el país.

Todo ello está muy bien. No obstante, bajo esas mismas «libertades» se comienzan a esconder resquicios capitalistas y de a poco se vislumbran la segregación y el sectarismo, sin olvidar la violación de derechos, la imposición y la discriminación.

Y digo esto, pues ya en dos ocasiones me han contado sobre amargas experiencias que involucran a servicios «privados».

La primera de estas anécdotas fue la negación de entrada a un centro de recreación nocturna, pues «la casa se reservaba el derecho de admisión».

La segunda fue en días recientes cuan-do, tras topar los precios a productos y servicios no estatales, varias personas debieron bajarse de una camioneta, ya que el cobrador de la misma quería cobrarles a los pasajeros el importe completo hacia el destino final, sin tener en cuenta que el viaje de algunos solo era en tramos comprendidos durante la ruta. Para ponerlo en palabras simples, cito lo dicho:

«La camioneta es mía y si no quieren pagar el dinero completo, no se monten». ¿El trasfondo? Burlas a las normas establecidas recientemente.

Y es a este punto al que quería llegar el escriba: ¿derechos de admisión en Cuba?

Si se busca en internet o se consulta a especialistas los criterios son diversos, y en la totalidad de las ocasiones se encontrará mucho más sobre prácticas foráneas que nacionales.

Lo invariable para todas las regiones de este planeta es que al derecho de admisión se le admite la facultad de permitir o no la entrada a un establecimiento determinado, o la posibilidad de negar un servicio. Siempre bajo condiciones objetivas, nunca arbitrarias.

Es cierto que en Cuba –de forma casi selecta– este fenómeno puede verse en instituciones sociales estatales como bancos, escuelas, cines, teatros y otros siempre con el objetivo de mantener las buenas prácticas y las costumbres del cubano ilustre.

Cada organismo tiene ciertas «liberta-des» para determinar las reglas de entrada o de servicio, pero mucho ojo, sin que ello conlleve a la discriminación o al abuso de poder. Bajo ningún pretexto se puede utilizar la cortina del derecho de admisión para realizar actos discriminatorios por cualquier razón supuesta.

Debe estar claro que quien desarrolle una actividad o brinde algún producto o servicio, tiene que adoptar normas éticas y de conducta y evitar prácticas comerciales abusivas o engañosas que perjudiquen la seguridad, salud y los intereses de sus consumidores y/o clientes.

Toda vez que una casa, un estable-cimiento o un vehículo, por solo citar algunos, se utilice como medio de producción, los dueños y trabajadores se convierten de inmediato en servidores públicos.

Prohibir accesos o negar servicios en nuestro país viola la Carta Magna de todos los cubanos, y así se recoge en los artículos 41, 42 y 43, los que señalan que: «Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos (...) La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana, está proscrita y es sancionada por la ley (...)».

Sépase como colofón de estas líneas que, en caso de probarse cualquier acto discriminatorio por motivos de raza, sexo, discapacidad, posición económica u orientación sexual, los infractores pueden ser multados con hasta 2 000 pesos y retiro de las licencias operativas hasta dos años.

Como dice un dicho callejero de nueva creación: «Se tenía que decir, y se dijo».

Sobre el Autor

Ariel Torres Amador

Ariel Torres Amador

Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana, Cuba

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