Actualizado 22 / 05 / 2018

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Que no sea letra muerta

Hoy recurrimos al mercado en busca de satisfacer necesidades básicas y con ello alcanzar una adecuada calidad de vida. Sin embargo, la red comercial de nuestro país carece de diversidad de proveedores, ofertas y la poca gama de disponibilidad hace que muchas veces el cliente, de manera consciente, adquiera algo que no cubre sus expectativas, pero al menos le sirve de paliativo.

Lo dicho anteriormente es válido para cualquier área doméstica o personal. Sucede al comprar alimentos, prendas textiles, calzado, artículos de higiene, por solo citar algunos ejemplos.

El problema toma grandes dimensiones si añadimos la magnitud de los precios, el salario promedio que se esfuma con brevedad, el maltrato, el robo en la pesa o en la devolución del dinero, máxime si es algo del día a día, y es que las buenas prácticas constituyen excepción y no norma.

Poner coto a esta situación es el propósito de la Resolución 54/2018, recientemente publicada en la Gaceta Oficial de Cuba y que entrará en vigor a inicios de junio. Al leerla, se siente que su contenido se limita a verdades de Perogrullo, pero este documento es un paso importante en aras de legitimar jurídicamente la protección al consumidor.

Existían reglamentos, circulares y otros documentos que, en diferentes etapas, establecían procederes para el tema, ahora se aúnan y ese es el mayor mérito.

Refiere el diario Granma que desde el año 2000 está en estudio una ley que regula la protección al consumidor, y que en el 2011, con la aprobación de los Lineamientos del VI Congreso del Partido se paralizaron, debido a la ausencia de una política que fijara, previamente, las directrices en ese sentido.

De cualquier forma, es demasiado tiempo, en un ámbito en que la jurisprudencia internacional se vincula con el respeto a los Derechos Humanos, por formar parte de lo que se considera elemental para la dignidad.  

Y aunque hemos sido llamados por Raúl a realizar los cambios sin prisa, pero también sin pausa, después de una crisis económica que trajo consigo el deterioro de valores morales, es un periodo muy extenso en el cual han ganado terreno e impunidad el maltrato al cliente.

Somos un Estado constitucional que requiere con urgencia llenar los vacíos legislativos. Con tanta calma habrá generaciones completas ajenas a la legalidad.

Nadie debe estar a merced de que un semejante le time a su antojo; sin embargo, poco aportará la letra impresa si los hombres no le insuflan vida.

Primero hay que crear las condiciones materiales que respalden la prestación de un buen servicio como la disponibilidad de pesas –preferiblemente de alta fidelidad– y en número suficiente en función de que cuando el cliente lo requiera compruebe el peso de su mercancía. En este aspecto también hay que tener en cuenta las demandas del sector particular.

Hacer que los proveedores cumplan con su parte, garantizar los ciclos de distribución, capacitar a los trabajadores y concienciarlos de su encargo social es vital, para que los prestadores de servicios entiendan de una vez por todas que atender con excelencia al cliente es su razón de ser y no un acto de piadosa misericordia.

Pero sobre todo, hay que elevar los niveles de exigencia por parte de las administraciones, porque es allí, en la base, en cada centro, donde puede revertirse la actual situación. No basta la firma de una Resolución, si a ella no la respalda el proceder que le dé validez de uso.

El tema dista de ser nuevo, es tan versátil que admite diversidad de análisis y enfoques; tampoco es algo para asumir como maratón o campaña, sino sistematizar en la sociedad.  

Son muchos los beneficios que se derivan como para seguir impasibles ante problemas subjetivos que nos alejan de la solución, esperemos que como instrumento de trabajo rinda los frutos para la cual fue concebida, pero eso, compete a los hombres.

Sobre el Autor

Yolanda Molina Pérez

Yolanda Molina Pérez

Licenciada en Periodismo de la Universidad de Oriente.

Red 2.0

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