En medio de la actual pandemia del nuevo coronavirus, al corte de la semana anterior 24 personas resultaron sancionadas por diferentes actos delictivos, 21 de ellas con privación de libertad, según informó Lázaro Guzmán Díaz, fiscal jefe en Pinar del Río.
De acuerdo con declaraciones realizadas por vía telefónica a Radio Guamá, Guzmán Díaz explicó que el 60 por ciento de los casos operados en el territorio responden al delito de propagación de epidemia, impuesto ante violaciones de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, de cara a evitar la expansión de la COVID-19.
Dijo que fueron sancionadas personas quienes abandonaron los centros de aislamiento y otras que estando aisladas en el hogar –fundamentalmente viajeros- organizaron fiestas, salieron a pasear con los amigos a las calles, ignorando el riesgo al cual se someten y exponen a los demás.
Enumeró algunos hechos vinculados a la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública, e incluso con el traslado del licor a establecimientos públicos, mientras también se incluyen sanciones por la realización de fiestas familiares y celebraciones en las que niós han tomado parte.
Subrayó que todas las disposiciones están dirigidas al cumplimiento de las medidas dictadas por Salud Pública, reconocida con el rango de autoridad sanitaria por la ley 41 y el reglamento establecido al respecto.
Precisó que existe una segunda línea de enfrentamiento que responde a los delitos vinculados con la economía y una tercera dirigida a quienes atentan contra la autoridad en el ejercicio de su labor.
En el caso de las violaciones en perjuicio de la economía, argumentó se registran 50 casos trabajados y los más comunes son la especulación y acaparamiento de productos vendidos en la red de comercio y comprados en demasía por individuos para después revenderlos a precios excesivos ilegalmente.
En casi todos los municipios –agregó- hay sancionados por esa práctica y la mayor incidencia recae en los territorios de Pinar del Río, Los Palacios y Consolación del Sur.
Confirmó que en la tercera línea, que agrupa atentados, desacato, resistencia y desobediencia, se han producido ataques físicos contra las autoridades policiales que organizan las colas con diferentes objetos, entre ellos sombrillas, y se cometieron además delitos de atentados por dos personas, quienes actualmente permanecen en prisión provisional y también por acciones en contra de la economía.
Aclaró el Fiscal Jefe de la provincia, que solo se enjuician los casos de mayor envergadura y al 80 por ciento se le aplica un tratamiento administrativo, con multa oscilante entre 200 y siete mil pesos.
Desde marzo en que para enfrentar la COVID-19, estableció su plan de medidas el grupo jurídico del Consejo de Defensa Provincial, el cual está conformado por el Tribunal a esa instancia, la dirección de Justicia y la Fiscalía, en unión del Ministerio del Interior, fundamentalmente efectivos de la Policía y la Instrucción Penal.