¡La malanga, la malanga! Te entusiasma escuchar el pregón y corres a alcanzarlo. Al recibir la respuesta, como cubo de agua fría ante la primera pregunta que lógicamente haces, se te apaga el entusiasmo del inicio: la “jabita” a 150 pesos.
Igual la necesitas. Suspiras, maldices, pero te haces el harakiri, incluso compruebas el peso cuando llegas a casa y descubres que no rozan las tres libras y sí las tres malangas. “No la compres”, dirían algunos; “en la placita la sacan a cada rato a menor precio”, te aconsejan otros, pero en realidad ese no es el punto.
El 30 de julio de 2021 el Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución 320, publicada en la Gaceta Oficial número 68 Extraordinaria, en la que se dejaba sin efecto el límite de crecimiento de los precios minoristas de productos agropecuarios y los centralizados de acopio en aras de incrementar la producción agrícola y favorecer la política de comercialización, sin perjuicio de continuar el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos.
La normativa regulaba algunos destinados al consumo social, dietas médicas y Sistema de Atención a la Familia. Planteaba el documento que a partir de la implementación de las medidas se crearían mejores condiciones para la concertación de precios y la contratación, pues reconoce los actuales costos a partir de las limitaciones económicas del país.
Pero el punto es que un producto como la malanga, incluido entre los que quedan exentos de las nuevas modificaciones, no debería estar, impunemente, en manos de revendedores y aprovechados de la necesidad ajena. ¿Por qué tienen ellos que vivir del sudor de mi trabajo?
No son pocas las personas que se ven obligadas a “torear” malanga, ya sea por problemas de salud, por tener niños pequeños o para alimentar a un anciano, muchas veces postrado, una cifra que desafortunadamente va en aumento.
El pasado mes de diciembre, Roberto Trujillo, jefe del departamento de Comercialización en la Delegación Provincial de la Agricultura, se refería en declaraciones a la prensa al tema de los precios a partir de la implementación de las nuevas medidas y el funcionamiento de los comités de contratación en cada municipio.
Reconocía el funcionario que aún no se logra la participación de todas las estructuras productivas ni de la totalidad de los actores en cada lugar y que queda mucho por resolver en el asunto. Y es allí, en ese comité, donde se establece el balance de los productos, los destinos y también los precios.
Para seguir detrás de la malanga, según lo establecido, a todos los niveles se acordó la venta a 28 pesos la libra y en el caso de algunas variedades como la colocasia a 17. Y cuando se hace referencia a todos los actores y en todos los municipios, por supuesto que se incluyen carretilleros, puntos móviles o cualquiera que ejerza su comercialización.
Entonces, ¿cómo es posible que aún, después de varios meses, aparezcan algunos con las famosas “jabitas” a 150 pesos? ¿Cómo llega a manos de esos que la promueven a precios exorbitantes, sabiendo que detrás del cliente hay niños o encamados que la necesitan para su alimentación? ¿Ha logrado el producto encontrar estabilidad en los mercados estatales? ¿Tiene la calidad que el consumidor demanda?
La indisciplina y la impunidad se pasean constantemente en forma de “jabitas” frente a nosotros. ¿Qué acciones se toman para combatir tales comportamientos?
Resolver el problema va más allá del buen funcionamiento de los comités de contratación. Es una labor ardua que lleva organización y el concurso de muchos factores, desde las autoridades hasta la comunidad.
Es muy fácil criticar desde el dolor del bolsillo y luego hacernos eco o los de la vista gorda ante lo que en letras mayúsculas se lee como abuso.
Las medidas que toma el país para incrementar la producción de alimentos tienen un propósito mayor que es la alimentación del pueblo, pero las modificaciones que se introducen para favorecer a los que trabajan de sol a sol requieren de control y de rigor por parte de los que aplican las normas, para que los oportunistas no encuentren cabida.
La malanga es solo un ejemplo del daño que genera una cadena de ilegalidades que en ocasiones va desde el surco hasta la mesa del cubano. Es cierto que la situación es compleja y que los tiempos que corren le aprietan el zapato a todos, pero si seguimos pensando en el “sálvese quien pueda” no conseguiremos avanzar.
Los mecanismos para resolver situaciones como estas existen, no solo está la solución en llenar las tarimas de productos, sino hacerlo con calidad y constancia. Aplicar de forma correcta y con el rigor que merece lo que se escribe en un papel es también respetarnos como sociedad, ser más justos y mejores.
Ojalá y no tengamos que correr más detrás de la malanga.
