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Demanda de obligatoriedad del trabajo, presente en debate constitucional cubano

Antillana de Acero

Antillana de Acero. / Foto: Ladyrene Pérez / Cubadebate.

Los cubanos insisten en que la nueva Constitución contemple la obligatoriedad de los ciudadanos a trabajar, pues de este modo el país recibirá un mayor impulso para su desarrollo social.

Más que un derecho, realizar una labor debe ser un acto obligatorio de todas las personas aptas para hacerlo, coincidieron los empleados de la residencia estudiantil ubicada en 25 y G, en la capitalina barriada del Vedado, durante el debate del proyecto de carta magna que se analiza en la nación antillana.

No es posible que sin aportar nada al país muchos ciudadanos reciban los beneficios de las conquistas sociales alcanzadas con el triunfo revolucionario de 1959, subrayó Vidal Pupo, un miembro del cuerpo de seguridad del lugar.

Los participantes también estuvieron de acuerdo en la regulación de la tenencia de propiedades, que se respetara el dinero obtenido manera lícita y se les diera luz verde a los ciudadanos interesados en invertir dentro del territorio nacional en pos del desarrollo social.

Convergieron en que si el presidente de la República está apto física y mentalmente y cumple con éxito su tarea de guiar al país por el camino correcto, este no debe ser sustituido al arribar a determinada edad, al contrario, debe continuar al frente del Estado.

Estos debates comenzaron el 13 de agosto y se extenderán hasta el 15 de noviembre. En la consulta también participarán los cubanos residentes en el exterior.

Al concluir el proceso, el texto regresará a la Asamblea Nacional, donde la comisión encargada de elaborar la Constitución redactará el texto final que se someterá a un referendo aprobatorio.

El documento se compone del preámbulo, 224 artículos (87 más que la actual Constitución), divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones.

De la actual Constitución de la República se mantienen 11 artículos, se modifican 113 y se eliminan 13.

El lenguaje empleado se corresponde con la terminología que debe caracterizar un texto constitucional ajustado a la realidad política, económica y social de la isla caribeña.

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