Cuando el 15 de diciembre de 1972 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas estableció el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, ya en Cuba la preservación del entorno era una responsabilidad absoluta del Estado.
Solo ocho años después, una convicción de semejante magnitud quedó plasmada en la Ley de protección al medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales, aprobada en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba del 26 al 27 de diciembre de 1980.
En 1992 la Carta Magna cubana recibió una modificación sustancial en su Artículo 27 para incorporar el concepto de Desarrollo Sostenible, una iniciativa lanzada en 1969 por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.
De esa manera se evidenció el interés de sumar experiencias internacionales a las nacionales después del triunfo de la Revolución en 1959, cuando la superficie boscosa era apenas de un 14 por ciento, la erosión de los suelos abarcaba el 76 por ciento y la capacidad de embalse solo alcanzaba a 48 millones de metros cúbicos.
El escenario ambiental no podía ser más dramático para un pequeño país con escaso saneamiento, un 28 por ciento, por lo que desde 1960 comenzaron los primeros pasos encaminados a la creación de capacidades institucionales, con la formación de la Academia de Ciencias de Cuba y centros de investigación.
Surgieron, en cuestión de años, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio (CITMA, en 1994) y la Ley de Medio Ambiente (1997), en tanto Cuba sirvió de sede del Día Mundial del Medio Ambiente (2001) y también de la VI Conferencia de las Partes de la Convención de Desertificación y Sequía, y en 2007 nació la Nueva Estrategia Ambiental Nacional.
La aplicación de su política científica nacional comenzó a arrojar los primeros resultados de los estudios de génesis y clasificación de los suelos, levantamientos geológicos, rehabilitación de ecosistemas degradados, los Atlas nacionales y el Climático, y la producción de biofertilizantes, biopesticidas y bioactivos naturales.
Además, se diseñaron mapas de sismicidad y estudios sobre el desarrollo socioeconómico de la montaña, de peligro, vulnerabilidad y riesgo, de ecosistemas priorizados, así como de fuentes renovables de energía.
Es sumamente llamativo el hecho de que tales realizaciones hayan sido -y son- frente a las narices de Estados Unidos, un belicoso vecino que trata de destruir la Revolución cubana con su bloqueo económico, financiero y comercial que dura cerca de 60 años, aun en medio de la pandemia de COVID-19.
No obstante, el ambientalismo ganó más terreno y la Sierra del Rosario (en Artemisa) constituyó en 1985 la primera Reserva de la Biosfera (RB) del archipiélago, seguida por la península de Guanahacabibes (Pinar del Río); Cuchillas del Toa (Guantánamo-Holguín); Baconao (Santiago de Cuba); Buenavista (Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila); y Ciénaga de Zapata (Matanzas).
Las RB son distinguidas por el Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como sitios demostrativos de la biodiversidad del planeta y que pueden ser habitados de forma sostenible.
Por lo menos una década empleó un numeroso grupo de investigadores en la elaboración de un texto revelador, la Lista roja de la flora de Cuba, que arrojó que los dominios antillanos poseen una singular flora, con un estimado de siete mil a siete mil 500 especies.
Es el territorio insular más rico en plantas en el nivel mundial, la primera isla en número de especies por kilómetro cuadrado y una de las siete con mayor porcentaje de endemismo en el planeta.
No obstante, sus prioridades a largo plazo están reflejadas en el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido también por Tarea Vida, para contrarrestar los daños que pudieran ocasionar las modificaciones climáticas en los próximos años.
