El presupuesto del Estado para 2021 responde al primer año de la implementación del ordenamiento monetario en el país, que contempla una corrección gradual de los precios —resultado de la devaluación del peso cubano en el sistema empresarial—, así como la aplicación de la reforma salarial y la eliminación de los subsidios excesivos y gratuidades indebidas.

Así significó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, al exponer en el sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su IX Legislatura, las principales características del presupuesto estatal para el próximo año.

La titular destacó que en el nuevo escenario se mantienen subsidios a productos y servicios altamente sensibles para la población, ratificando el carácter social del presupuesto. Para ello se destinan 26 263 millones de pesos que cubren, por ejemplo, los productos alimenticios de entregas específicas a los niños, dietas a embarazadas, la canastilla y el subsidio parcial al servicio de energía eléctrica.

El presupuesto respalda, además, el sostenimiento de prestaciones básicas como educación, salud, cultura y deportes.

De acuerdo con el informe aprobado por los diputados, para 2021 se proyectan restricciones en los ingresos de actividades económicas, debido entre otras causas al impacto del bloqueo impuesto por EE.UU. y la crisis prolongada por los efectos de la COVID-19.

En lo planificado para el próximo año se considera la conversión de un presupuesto en función del impacto de la unificación monetaria y el efecto del crecimiento de los precios que influyen en la recaudación de los ingresos y los gastos.

Bolaños Weiss informó que se financiará los gastos asociados a la reforma salarial en el sector presupuestado, de las organizaciones y asociaciones; y las prestaciones de la Seguridad Social y la Asistencia Social. El gasto de salario, precisa el documento, es aproximadamente de 73 501 millones de pesos.

Igualmente, se crea una reserva en los presupuestos locales destinada a la protección de las personas vulnerables que se identifiquen en el proceso de ordenamiento, así como otra reserva en el presupuesto central para el apoyo financiero temporal al sistema empresarial debido al incremento de los costos, al pasar de un ambiente de 24 CUP x 1 USD a uno de 1×1.

El presupuesto también contempla adecuaciones en la tributación, pues se redimensionan las bases imponibles, se incrementan deducciones de gastos en las formas de gestión no estatal y se reconocen importes mayores del mínimo exento en el pago de los impuestos sobre ingresos personales y utilidades per cápita.

El informe señala que las proyecciones de ingresos y gastos no establecen comparaciones con los estimados de ejecución del presente año, “toda vez que el impacto del ordenamiento monetario determina una ruptura con las series históricas de los indicadores presupuestarios”.

Se conoció que el déficit fiscal será de 86 744 500 000 pesos.

Nuevas medidas tributarias en 2021: Reducen impuestos en el sector no estatal

El presupuesto recoge una reducción de la carga tributaria de las formas de gestión no estatal, “con el propósito de contribuir a la asimilación de los incrementos de costos y gastos, y de esta forma evitar que se traslade todo el efecto de la devaluación del peso cubano a los precios de los productos y servicios, y así coadyuvar a contener el efecto inflacionario”.

En este sentido, se reconoce el 100% de los gastos en que incurrieron en el ejercicio de sus actividades, exigiendo la justificación del 80% de los mismos, así como se incrementa el mínimo exento anual a 39 120 pesos.

El aporte de este sector se proyecta en el orden del 4% de los ingresos brutos.

Exonerar del pago anual del impuesto sobre ingresos personales mediante declaración jurada a los trabajadores por cuenta propia que se mantuvieron suspendidos por un período de seis meses o más, en el ejercicio de su actividad, por el efecto de la COVID-19.
Facultar a los consejos de la Administración municipales y provinciales para establecer bonificaciones totales o parciales en el pago de los impuestos sobre las ventas y los servicios, a las formas de gestión no estatal con el objetivo de lograr adecuadas concertaciones a precios de los bienes y servicios de impacto en la población.
Aplicar con carácter general los impuestos sobre las ventas y los servicios, con un tipo impositivo reducido en relación con períodos anteriores, del 10%. Esta medida está vinculada a los impactos de las correcciones de precios mayoristas y minoristas.
Extender la aplicación del impuesto por la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales a todas las provincias y al municipio especial Isla de la Juventud.
Aplicar los impuestos por el uso y explotación de bahías y por el vertimiento de residuales aprobado, en las bahías de La Habana, Matanzas y Cienfuegos, así como en las cuencas hidrográficas que tributan a estas. En la actualidad este impuesto solo se aplica en la bahía de La Habana.
Disponer que la campaña de declaración y pago de tributos inicie el 28 de enero, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones.

Estimado del presupuesto estatal para 2020

La ministra de Finanzas y Precios también se refirió al estimado de la ejecución del presupuesto del Estado en 2020, caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo y los graves impactos de la pandemia, que incidieron en los ingresos provenientes por exportaciones de actividades clave como el turismo.

En este escenario, se respaldó los gastos por más de 1 300 000 000 de pesos para enfrentar la COVID-19.

Todo ello, argumentó la titular, ha provocado una ejecución del presupuesto bajo fuertes restricciones financieras, y recordó que en el mes de junio fue ajustado el plan de la economía y del presupuesto del Estado, con un incremento del déficit fiscal.

Luego, en noviembre, se aprobó un nuevo aumento de déficit “para respaldar el incremento de 8 066 000 000 de pesos, que corresponden a gastos asociados en el presente año con la reforma salarial y pensiones del mes de diciembre, como parte del ordenamiento monetario”.

De acuerdo con el informe, se estiman gastos totales por 76 204 000 000 de pesos e ingresos brutos en el entorno de lo aprobado en lo que incide, fundamentalmente, las afectación en la circulación mercantil minorista, los aranceles de aduana, la prestación de servicios gastronómicos, entre otros.

El déficit fiscal estimado está en el entorno de los 20 733 900 000 pesos.