Como parte del proceso de actualización del marco legislativo del país actualmente está en consulta el Proyecto de Ley de Comunicación Social; una representación de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) por las provincias de Artemisa y Pinar del Río tuvieron una sesión de trabajo para el análisis y discusión del texto.
El encuentro, que tuvo lugar en tierra vueltabajera, contó con la presencia de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP; Miguel Enrique Charbonet Martell, vicepresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de este órgano, así como Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
A cargo de Elsa Agüero Escobar, funcionaria del departamento ideológico del Comité Central del Partido, estuvo la presentación de las modificaciones incluidas en la propuesta anterior, a partir de las sugerencias nacidas de los debates precedentes.
Definido como un proceso de construcción colectiva, en el que toda la población puede expresar sus sugerencias, dudas y preocupaciones, es también un paso hacia la protección de los derechos ciudadanos; en este intercambio participaron comunicadores de empresas, de los órganos locales del Poder Popular, periodistas, directivos de medios de prensa, entre otros especialistas en el tema.
El mayor número de intervenciones estuvieron a cargo de Yuliesky Amador Echevarría, vicedecano de la facultad de Humanidades de la universidad de Artemisa, quien hizo varias sugerencias en busca de evitar vacíos legales dentro del texto.
Por otra parte, Nelson Simón González, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), expresó sus preocupaciones en materia de implementación; agradeció la minuciosidad con que se asume el análisis de cada norma jurídica, pero que, pese a lo legislado en aspectos como protección animal, derecho de autor e incluso el propio Código de las Familias, no hay un reflejo en la sociedad de las mismas.
Toledo Santander señaló que la actual legislatura de la ANPP ha aprobado 35 normas, la mayoría con implicaciones sociales que consignan el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
